Así puede resumirse lo sucedido esta mañana en el Ministerio Público Fiscal, hasta donde llegaron los empresarios Miguel Marizza (Caballi SA); Néstor Iván Szczech, (Szczech & Szczech SA), Daniel Hereñú (Organización Integral Constructora SA) y Rubén Grasso (Cemyc SRL).
Son los máximos responsables de las firmas que ejecutaron la mayor parte de las obras públicas requeridas por la provincia para la concreción de la XVLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur, efectuada en diciembre de 2014 en Paraná.
En base a la prueba colectada durante su investigación, los fiscales Juan Malvasio y Alejandro Cànepa, les imputaron la comisión del delito de fraude a la administración pública. Y estimaron que se pagaron sobreprecios que le generaron a la provincia un perjuicio superior a los 17 millones de pesos. A Marizza se le cuestiona haber estado de los dos lados del mostrador, ya que representó a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) en la comisión bipartita que debía asignar los trabajos. Su empresa, Caballi SA, mereció contrataciones directas por 11.722.585 pesos, las que fueron avaladas por Alicia Benítez.
La funcionaria, que ahora está al frente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue la coordinadora del Comité Ejecutivo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM). Y por esa tarea deberá prestar indagatoria el próximo lunes, ya que está involucrada en las presuntas maniobras fraudulentas: a criterio de los fiscales no sólo convalidó presupuestos desmedidos sino que también flexibilizó los debidos controles.
Según las resoluciones emitidas por la UOCM, Cemyc SRL percibió 13.307.506 pesos, Szczech & Szczech SA cobró 9.066.678 pesos; mientras que otros 5.784.289 pesos fueron para OIC SA. Y una de las cosas que más llamó la atención de los fiscales fue que las cotizaciones formuladas por las contratistas fueron autorizadas, en todos los casos, sin modificaciones y en el mismo día en que las recibió Benítez.
"Mis clientes están en condiciones de dar todas las explicaciones del caso porque cuentan con la documentación correspondiente. Pero primero tienen que saber en qué se basa la imputación", dijo Miguel Cullen.
El abogado de los empresarios, en declaraciones al programa A quien corresponda (FM De la Plaza), dejó entrever antes de la indagatoria lo que sucedería minutos más tarde.
