Este martes, los imputados tenían la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto. Sin embargo, no todos hablaron. Quienes optaron por no agregar nada a lo dicho en su declaración fueron los hermanos Luciana y Alejandro Almada, los empresarios Maximiliano Sena y Germán Buffa y los funcionarios Gustavo Tortul y Gustavo Tamay.
En cambio, quienes sí ejercieron su derecho a decir sus últimas palabras antes del veredicto fueron el embajador Urribarri, su cuñado y empleado legislativo Juan Pablo Aguilera, los exministros de Turismo y Comunicación y Cultura, Hugo Marsó y Pedro Báez, respectivamente; la contadora Corina Cargnel y los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Gerardo Caruso.
En el juicio se discutieron tres grandes expedientes: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la segunda fue “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
Qué dijeron
El primero en hablar fue Urribarri, quien sostuvo: “Creo que esto, además, es una clara muestra de cómo se llevó este proceso adelante. Se llegó a esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones de garantías constitucionales que nadie discute, y por supuesto se llegó también con una fuerte presión mediática”.“No hubo en el proceso racionalidad, no hubo en la investigación objetividad, lo cual ha quedado muy en evidencia a lo largo de este largo juicio. Se construyó una investigación en base al sesgo confirmatorio de culpabilidad –aseveró–. En esa línea, la Fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad contra esa mirada sesgada. No tuvo en cuenta las declaraciones de las personas imputadas, que dieron sobrados fundamentos. Pero además pruebas, cuando yo declaré observé que la doctora (Patricia) Yedro se retiró. Todo un gesto”, agregó.
“Ha quedado demostrado el modo en que se hicieron los allanamientos, la descontextualización de muchas comunicaciones, en donde se vio trastocado el derecho a la intimidad”, añadió.
En esa línea, sostuvo: “Creo que se ha demostrado que hay más pruebas de la mala investigación de parte de la Fiscalía, que los hechos que nos han imputado. Hechos que ha medida que se iban dando cuenta del desconocimiento del funcionamiento de la administración pública y la actividad política, iban mutando”.
Luego dijo que quedó demostrado que “siempre me he dedicado a la actividad política y que nunca me interesó la actividad privada, ni me interese en los expedientes de las empresas cuestionadas”.
“Tengo enormes expectativas en la decisión que vaya a tomar este tribunal, en orden al Estado de Derecho y a la Constitución. Ojalá sea un punto de inflexión para que a nadie más le pasen las cosas que me han pasado a mí. Y que no se dirima la disputa política en los tribunales”, cerró.
En tanto, el exministro de Turismo, Hugo Marsó, afirmó: “Hoy me toca estar acá y siento mucha vergüenza. Soy una persona de bien y me da vergüenza transitar en mi ciudad (Colón). No es fácil estar en títulos de diarios diciendo que robé. Lo que han hecho conmigo es una barbaridad”.
“Me han producido un daño inconmensurable. Espero que se haga justicia, pero el dolor y amargura no se lo deseo ni al peor enemigo”, concluyó.
En tanto, Gerardo Caruso, titular de la firma El Juego en que Andamos, que instaló el parado en Mar del Plata en enero de 2015, manifestó que su defensor demostró “acabadamente mi inocencia y en contraposición ha dejado en evidencia el vacío de pruebas en mi contra que la Fiscalía ha formulado”.
“Ni una sola prueba presentaron que me incrimine. Hubo un montón de hechos que me han sorprendido. Una de mis grandes sorpresas fue cuando escuché que piden 5 años de prisión para mí, sin haber demostrado nada”, aseveró.
En ese punto, cuestionó no haber tenido el mismo trato que tuvo Jorge ‘Corcho’ Rodríguez en la causa por la contratación de la firma Nelly para la difusión de cuatro spots durante la Cumbre del Mercosur en 2014. “Era una causa calcada, del mismo modus operandi, dijo la Fiscalía. La Fiscalía pidió consentimiento para que al ‘Corcho’ Rodríguez le dieran la probation y el pago de 150 mil pesos y a mi se me ha negado ese consentimiento”, dijo.
“Sin ser abogado me queda claro la falta de objetividad, direccionamiento y el afán persecutorio hacia las personas que aquí estamos imputadas. Soy inocente de todo lo que se me acusa”, completó.
A su turno, el empresario Emiliano Giacopuzzi, imputado en la causa Imprentas, dijo: “Han sido seis años duros, violentos e injustos. Quiero decirles a los señores fiscales que soy tan humano y terrenal como ustedes, han sido violentos con mi persona. Me han acusado de cosas que no han podido probar”.
“Necesito justicia. Me he escondido durante seis años. He tenido mucha vergüenza durante seis años, con mis padres, mi mujer, con la familia de mi mujer. Me he perdido de muchos años de cosas muy importantes: el crecimiento de mi hijo, su mejor etapa no pude estar porque tuve que enfocarme en esto. Me considero totalmente inocente. Necesito que me devuelvan esa libertad que hace seis años me quitaron”, finalizó.
Por su parte, la contadora Corina Cargnel para quien piden ocho años de cárcel, manifestó que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones.
“Solo me acusan de hacer cosas propias de mi profesión. Ha sido muy difícil todo este tiempo”, aseveró. “Me han tratado de manejar la caja negra de la corrupción y lo único que pido es que se haga justicia y que a nadie más le pase esto. Esto fue una clara guerra para saber quién es mas poderoso y en el medio quedo yo que soy una madre, profesional y necesito volver a tener mi vida de antes. La condena social ya está y va a ser difícil sacarla”, cerró.
Por último habló el exministro de Comunicación y Cultura de Urribarri, Pedro Báez. “No voy agregar nada a lo que expresé en mi declaración en la etapa instructoria y en ese recinto. No voy a abusar de la paciencia del tribunal. Solamente decir que en estos larguísimos seis años y medios siempre tuve la seguridad de que finalmente encontraríamos el ámbito adecuado para dilucidar las graves acusaciones que nos formulaban”, afirmó.
“Con satisfacción debo reconocer que creo que lo estamos consiguiendo. Tengo la esperanza de que este proceso constituya una bisagra en la historia institucional en el Poder Judicial de Entre Ríos, despejando definitivamente la rémora que convertían en letra muerta las garantías constitucionales”, añadió.
Enseguida, expresó que al Ministerio Público Fiscal “no le interesaba la verdad” y que de todos modos “avanzaron caprichosamente y obsecadamente sabiendo que ni suposiciones y prejuicios alcanzan. Lo que importaba era construir el estigma”.
