A través del decreto N° 3.425, fechado el 8 de noviembre de 2021, el Poder Ejecutivo había ordenado al Iafas “disponer las medidas necesarias tendientes a abonar los salarios no percibidos por el agente Pedro Alejandro Mansilla”. La medida se apoya en un dictamen de la Fiscalía de Estado, que consideró que el reclamo de Mansilla para que se le abonen los salarios que dejó de percibir mientras debió pedir licencia para ocupar una banca en el Conejo Deliberante de Victoria “tiene asidero legal y frente a ello no puede rechazarse, solamente bajo el argumento de oponerle al interesado la firmeza o estabilidad de un acto, máxime cuando se advierte que el mismo porta un vicio grave que lo torna nulo”. Pero ahora se revoca esa decisión. A través del decreto N° 676, del 30 de marzo último, se derogaron los dos primeros artículos del decreto N° 3.425 y se dejó sin efecto el pago de salarios al empleado del Caino mientras ejerció como concejal, en base a un nuevo dictamen de Fiscalía de Estado que reconsideró la situación.
Efectivamente, Fiscalía de Estado da cuenta que «incurrió en errores vinculados con la valoración de la real plataforma del caso». En lenguaje técnico, el nuevo decreto señala que Fiscalía «funda la revisión en la omisión al considerar la relevancia de algunos antecedentes del hecho, que llevó a concluir en una decisión viciada en la motivación y el contenido del decreto Nº 3.425/21», y que «a través de un nuevo análisis y revisión por parte del organismo de representación legal y control de legalidad se advirtieron errores de apreciación en el dictamen legal que, trasladados al decreto, constituyen vicios en el procedimiento de formación de la voluntad administrativa, que tornan al acto insanablemente nulo y que es menester rectificar».
Plantea que el dictamen N° 007/21 que dio lugar al decreto que autorizó el pago «soslayó un antecedente de hecho relevante, la no prestación de servicios efectivos por parte del agente Mansilla durante el tiempo en que estuvo en uso de la licencia excepcional sin goce de haberes». Así, «el acto dictado mediante el Decreto Nº 3.425/21, que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación jerárquica interpuesto por el señor Pedro Alejandro Mansilla al cese de su mandato como concejal, ordenando el pago de los salarios caídos, pretendidos por todo el lapso que no prestó servicios en el Iafas, se ha configurado sobre bases erróneas en cuanto no se ha considerado la verdadera plataforma fáctica del caso, todo lo cual ha provocado quedichas omisiones formales y sustanciales, vicien gravemente de nulidad el acto dictado por el Poder Ejecutivo, siendo tal vicio causa grave y sostenible, con lo cual está sobradamente justificado proceder a la revocación de oficio propiciado».
De ese modo, el funcionario de la Municipalidad de Victoria, empleado de carrera en el Casino, no podrá acceder a cobrar salarios durante el período que ejerció como concejal.
