La iniciativa, de apenas 4 artículos, apunta, según el propio De Ángeli a “utilizar un castellano correcto en términos normativos, por sus principios y disposiciones muy claras, inteligibles por todos los ciudadanos. Y contar con todas las herramientas lingüísticas para ser inclusivo a todos los habitantes del país”.
“Legalmente está establecido el castellano y el idioma de los pueblos originarios como oficial en Argentina. Debemos respetar este lenguaje para dar seguridad a los ciudadanos en materia de comunicación. Seguridad que también promueve la inclusión de los destinatarios”, argumenta el legislador nacional por Entre Ríos.
Al fundamentar su proyecto, el senador oriundo de Gualeguaychú aclaró: “Actualmente, nuestra Constitución no contiene una cláusula específica sobre cómo deben estar redactados los documentos oficiales (como sí Colombia, Perú o España)”. Y abundó: “Es fundamental garantizar que las comunicaciones oficiales sean comprensibles para todos los habitantes del país. El Estado no puede soslayar el idioma oficial por preferencias individuales o de ciertas comunidades de utilizar determinado léxico”.
“Cabe aclarar -dijo el legislador-, que esta iniciativa no excluye la posibilidad de la elaboración y comunicación de los documentos oficiales en otro tipo de lenguas que identifique a otros grupos o comunidades, sino más bien que sea entendible para todas las personas que habitan nuestro territorio”.
La iniciativa de De Ángeli se inscribe en una normativa que dictó hace una semana el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispuso, “con el fin de facilitar la forma en que los chicos aprenden y adquieren el lenguaje, (que) los docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.
“En este contexto y con el fin de facilitar la forma en que los chicos aprenden y adquieren el lenguaje, los docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, dispuso la administración del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta al limitar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.
