Tras los procedimientos, que se extendieron hasta horas tempranas de este viernes, se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína dosificada para su comercialización, florescencia de plantas de cannabis que se hallaban distribuidas en 12 frascos, 173 semillas de la misma especie, cigarrillos armados comúnmente denominados “porros”, dos motocicletas, tres armas de fuego, una pistola 9 mm la cual posee pedido de secuestro por una denuncia radicada en la provincia de Buenos Aires, dos revólveres, además de cartuchería de distinto calibre, la suma de 225.000 pesos, 4,5 kgs de monedas, 11 teléfonos celulares, precintos, banditas elásticas, recortes, cuadernos con anotaciones de importancia, una licuadora con restos de sustancia cannabis sativa, balanzas, tijeras, papel glasé y hojillas para el armado de cigarrillos, un recipiente conteniendo creatina.
Además se identificó a 22 personas, y fueron detenidas dos mujeres y un hombre mayor de edad.
Fuentes policiales confirmaron que los procedimientos se concretaron en Paraná, uno en la zona de calle Ursini y otro en calle Soldado García, y dos en el barrio San Martin de la localidad de San Benito.
Si bien desde la Policía no se dieron a conocer las identidades de los sospechosos por la venta de droga, fuentes allegadas a la investigación confirmaron que uno de los allanados en San Benito es conocido en el ambiente del narcotráfico por haber sido procesado y condenado en la conocida mega-causa de la avioneta hallada a fines de mayo de 2017 con más de 300 kilogramos de marihuana en un campo de la zona de Colonia Avellaneda.
Se trataría de Luis Orlando Céparo, quien, según la acusación judicial, era el contacto entre los hermanos Cellis y los dueños del terreno utilizado como pista clandestina de aterrizaje.
Por otra parte, tras la requisa a un pabellón del penal de Gualeguay, se incautó un aparato de telefonía celular y cigarrillos armados de marihuana. El preso sospechado, que sería de apellido Portillo, purga una condena de siete años por robo calificado por el uso de arma de fuego y se presume que, desde la cárcel, coordinaba la venta de estupefacientes que eran concretadas por su madre, una hermana y otros colaboradores.
Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Dirección Toxicología, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías Nº 6 de la ciudad de Paraná a cargo de Elisa Zilli y la coordinación del agente fiscal Martín Abraham.
