Sería aplicable “en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados del Estado”.
Entre los deberes y pautas de comportamiento ético, incluye “no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones”, “proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”, “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial” y “evitar favorecer a funcionarios o familiares vinculado al ámbito municipal en procedimientos de contrataciones públicas”.
A la vez, “deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo, será obligación del Estado municipal poner a disposición de la ciudadanía las mismas”.
“Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico cultural si correspondiere”, indica el Art. 7.
En garantía del cumplimiento de lo normado, se crearía una Comisión de Ética Pública, que funcionaría como órgano independiente y actuaría con autonomía funcional.
Sobre la corrupción en el Estado
En sus considerandos, el proyecto presentado por el Bloque Todos por Colón, señala: “El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.“A menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos. Para combatirla, es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”.
“Como funcionarios representantes de los vecinos debemos hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
