En el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dieron aprobación al proyecto de ley para la equiparación salarial de los defensores públicos de Entre Ríos, propuesta formulada por el Ministerio Público de la Defensa.
Con esta iniciativa, se busca que el defensor general y los defensores y defensoras tengan retribuciones “equivalentes” con las del Procurador General y los agentes fiscales. Esto se debe a que los funcionarios de la Fiscalía perciben actualmente salarios superiores a los de sus pares de la Defensoría.
En sus fundamentos, el proyecto señala que “dentro del Ministerio Público de la Defensa revistan los defensores públicos, quienes tienen asignada una situación escalafonaria diferente a la correspondiente a los agentes fiscales”.
De acuerdo con la estructura salarial actualmente vigente, los fiscales perciben un 77% del haber del vocal del STJ, mientras que los defensores perciben un 73%. El Defensor General, por su parte, percibe un 93% del haber del vocal del Superior Tribunal, ) mientras que el Procurador General percibe un 96%.
Reforma parcial al Código Penal
También se consensuó el proyecto de reforma parcial del Código Procesal Laboral, elaborado a instancias de aportes efectuados por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER).Según detallaron al término de la reunión, las propuestas de este proyecto son las siguientes: 1) incorporación de un procedimiento ágil y abreviado para cierto tipo de créditos alimentarios cuyo reconocimiento no requiere producción de pruebas complejas; 2) un procedimiento abreviado para la revisión del grado de incapacidad y/o el monto de prestaciones sistémicas; 3) la posibilidad de ejecutar créditos reconocidos en concepto de prestaciones sistémicas; 4) la modificación del art. 60, CPL; 5) la modificación del plazo de interposición del RIL, unificando el mismo con el que rige en el ámbito procesal civil y comercial; 6) la modificación de plazo general que rige en el procedimiento sumarísimo –adecuándolo al vigente según CPCC (Ley 9776)- y 7) apelabilidad de las resoluciones que rechacen medidas cautelares en el procedimiento sumarísimo en el ámbito laboral, tal como es posible en el ámbito procesal civil y comercial.
Ley del Colegio de Abogacía
Finalmente, ingresó un proyecto de ley, presentado por la Asociación de la Magistratura tendiente a reformar la Ley del Colegio de la Abogacía, para la derogación de la incompatibilidad de magistrados/as jubilados/as para ejercer la profesión. El tema será tratado el próximo año.De la reunión participaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, y el vicepresidente del Alto Cuerpo, Daniel Carubia. También estuvieron la vocal Claudia Mizawak y los vocales Martín Carbonell y Miguel Ángel Giorgio; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el secretario parlamentario de la Cámara de Senadores, Lautaro Schiavoni; la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos dependiente de la Vicegobernación, Sigrid Kunath, y el secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Saboldelli.
En representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial asistieron su presidente, Alejandro Cánepa y su vicepresidenta, Laura Soage, junto a Gaspar Reca Ríos (secretario general) y por el Colegio de la Abogacía estuvieron su presidente, Alejandro Canavesio, José Velázquez y César Bechetti.
