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La carta que empezó a mover la gobernadora María Eugenia Vidal para lograr más fondos de la coparticipación federal de impuestos para la provincia de Buenos Aires, volvió a copar la agenda institucional del Gobierno entrerriano.

Esta vez, la preocupación en torno al tema fue expuesta por el ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes quienes junto a los diputados Juan José Bahillo, Diego Lara, Marcelo Bisogni y Gustavo Zavallo encabezaron una conferencia en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno.

Allí - en medio de un exceso de datos contables que en vez de aportar claridad hicieron más ardua la interpretación - se expresó ante la prensa que la estrategia entrerriana para atender la demanda de la mandataria bonaerense se dará en el plano político en conjunto con otros gobernadores y también desde lo legal.

En efecto, antes de que finalice septiembre, la provincia enviará al máximo tribunal de justicia sus consideraciones sobre el asunto que le fuera notificado en junio pasado y que desde esa fecha hasta ahora ocupó al gobernador Gustavo Bordet quien impulsó junto a sus pares de otras provincias, una maniobra conjunta.

"Esto tiene que ver con la defensa del federalismo y del estado republicano. Entendemos que no puede judicializarse y someterse esto a decisión de la Corte Suprema porque es competencia del Congreso y de la política que tiene que discutirlo", planteó Lara.

Ballay y Rodríguez Signes, en el mismo sentido, reiteraron que el ámbito "natural" donde debe discutirse lo referido a coparticipación es el Congreso, pero además hicieron hincapié en que el impacto de esa "redistribución" que pretende Buenos Aires terminará beneficiando a una sola provincia en detrimento de las otras 23.

Consecuencias


Es conocido que de prosperar la movida de Vidal, 3500 millones de pesos menos de recursos ingresarán a la provincia. En palabras de Bahillo, la suma equivale a "100 edificios escolares por año que no se podrán construir, o 3500 viviendas menos en un año". Ballay contrastó el dato con los "52 mil millones" extra que significaría una nueva redistribución para la provincia más poblada del país.

"Esto no es un problema de la provincia de Buenos Aires, en realidad es un problema de todas las provincias excepto Buenos Aires" remarcó después el Ministro y pidió poner en consideración los montos que recibe el distrito de Vidal "en concepto de subsidios" dirigidos a solventar las tarifas de electricidad, gas y transporte.

Como era de esperarse, no faltaron críticas al Gobierno nacional "quien se ha deslindado prácticamente de la responsabilidad o implicancia de la medida porque el estado nacional en este planteo no ve afectado un solo centavo de lo que coparticipación del impuesto a las ganancias", dijo Ballay teniendo en cuenta que el planteo de inconstitucional en cuestión tiene que ver con una asignación especial que tiene la distribución de dicho impuesto.

Para finalizar, el diputado Marcelo Bisogni, anticipó que el bloque presentará en la Cámara "un proyecto de declaración" solicitando a los otros bloques acompañar la postura oficial "en defensa de los derechos de los entrerrianos y de los recursos que le corresponden a nuestra provincia".
Fuente: El Entre Ríos

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