El deterioro económico y la pérdida del poder adquisitivo han convertido a la morosidad financiera en la principal causa de consulta legal en la provincia. Cada vez más familias recurren a créditos y tarjetas para cubrir gastos elementales —como alimentos, servicios básicos e inmuebles—, quedando atrapadas en una espiral de endeudamiento que deriva en reclamos e intimaciones irregulares por parte de estudios jurídicos y agencias de cobro.
Los abogados de Gualeguaychú Jeremías Irigoytia y Heidi Boueke advirtieron sobre un escenario que se ha profundizado en los últimos meses, marcado por la pérdida del margen de maniobra de la clase media y el crecimiento de la denominada "bicicleta" financiera.
El cambio en la naturaleza del endeudamiento refleja el impacto de la crisis en los hogares. Según explicaron los profesionales, el uso del crédito dejó de estar asociado a proyectos de inversión, acceso a la vivienda o desarrollo personal, para orientarse al consumo diario.
“Hoy en día el tema número uno, muy lejos del segundo, tiene que ver con la situación particular económica en la que nos encontramos. La gente de clase media ha tenido que acceder a préstamos, se empezó a atrasar en los pagos y comenzó a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado”, explicó el abogado Jeremías Irigoytia.
Esta dinámica provoca que la acumulación de cuotas supere la capacidad de pago de los trabajadores, generándose desequilibrios donde los compromisos asumidos absorben la mayor parte de los ingresos mensuales.
Un factor crítico en el desarrollo de esta problemática es la cesión de deudas por parte de las entidades bancarias tradicionales hacia empresas financieras o estudios jurídicos especializados en cobranza masiva, proceso que suele activarse al registrarse aproximadamente 90 días de mora.
“Publican toda la masa de deudores y las empresas que se dedican a la cobranza compran esas deudas. A partir de ahí cambia completamente la situación, porque empieza una persecución que realmente sorprende”, sostuvo Irigoytia, quien remarcó que es habitual que un mismo saldo sea reclamado por múltiples intermediarios de forma simultánea, sin ofrecer claridad sobre la titularidad del crédito.
Por su parte, la abogada Heidi Boueke enfatizó que existen límites legales estrictos para el ejercicio del cobro, los cuales son vulnerados con frecuencia mediante prácticas intimidatorias o de hostigamiento.
“Hay muchas conductas que están prohibidas. Se genera un hostigamiento hacia las personas, se comunican las deudas a familiares o a terceros, y eso está legalmente prohibido”, precisó Boueke. Asimismo, la profesional citó irregularidades recurrentes en el ámbito laboral: “Tengo casos donde llaman al trabajo de una persona, donde esa persona atiende al público, y exponen una deuda personal delante de compañeros. Eso coloca al consumidor en una situación vergonzante y está prohibido”.
Frente a la presión ejercida por los agentes de cobranza, los especialistas aconsejan no tomar decisiones apresuradas ni refinanciar bajo intimidación, recordando que el usuario tiene derecho a exigir la trazabilidad de la deuda.
“Lo primero que hay que pedir es información. La entidad está obligada a explicar cuál era la deuda original, qué intereses se aplicaron, qué gastos se agregaron y cómo se llegó al monto reclamado”, indicó Boueke.
A su vez, Irigoytia señaló la importancia de revisar los montos exigidos para evaluar reestructuraciones acordes a la capacidad real de pago: “Hay gente que quiere pagar, pero no puede hacerlo en las condiciones que le plantean. Si sobre un préstamo de 100 mil pesos pretenden cobrar un millón y medio, la persona tiene derecho a analizar esa situación y negociar”.
La situación observada en las ciudades entrerrianas coincide con los indicadores económicos a nivel país. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante mayo de 2026 cerca de 5,8 millones de personas presentaron irregularidades en el pago de sus compromisos financieros.
El informe detalla los siguientes puntos clave sobre el estado del crédito:
• Mora general: El 27,9 % de los 20,9 millones de deudores registrados en el sistema presentó algún tipo de atraso.
• Crédito a las familias: La irregularidad general del crédito otorgado a los hogares alcanzó el 15,3 %.
• Brecha entre bancos y Fintech: Mientras que la morosidad en la banca tradicional se ubicó en el 12,3 %, en las billeteras virtuales y proveedores no financieros trepó al 29,6 %, registrando el nivel más alto desde que se tiene seguimiento de este segmento.
