Los hechos que relata Enz colocan bajo sospecha ni más ni menos que al mismísimo Superior Tribunal de Justicia. Entre ellos, presuntas maniobras para apartar a un juez que no aceptó sobreseer a Urribarri por aplicación del precedente del fallo de la causa Cozzi, que determina un plazo de no más de 18 meses para investigar delitos de corrupción en Entre Ríos.
Enz cuenta que el 24 de octubre de este año, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano requirieron la remisión de causa a juicio en relación a Sergio Daniel Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en carácter de autor el primero y en calidad de partícipes, el resto. Fiscalía asegura que el empresario paraguayo Cardona Herreros y el ciudadano capitalino Martínez oficiaron de testaferros de Urribarri en los últimos veinte años por lo menos, en diferentes operaciones inmobiliarias, negociados con el Estado y manejos irregulares de fondos públicos.
Al día siguiente de tal planteo, se pidieron medidas cautelares sobre los tres imputados. En especial, embargos millonarios sobre sus bienes. El trámite se efectuó ante el juez de Garantías a cargo del Juzgado Nº 4, Julián Vergara. También la solicitud incluía varios allanamientos en domicilios de los imputados. Fue un escrito estrictamente reservado en el sistema judicial.
Pese a que las medidas eran secretas, sin intervención de la defensa, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) -que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia- “alguien” puso en conocimiento de las defensas la existencia de las peticiones de los fiscales Yedro y Badano. O sea, -relata Daniel Enz- dejaron al descubierto la estrategia reservada impulsada por los fiscales, lo que no es habitual que suceda. “Estaba claro que una mano negra quiso que así fuera”, dice el director de Análisis.
El día 14 de noviembre, el magistrado Vergara hizo lugar parcialmente al pedido y rechazó los allanamientos. Tampoco hizo lugar a distintas medidas cautelares en relación con Urribarri. Solamente embargó por algo más de 100 mil dólares a Urribarri (o sea, lo que tenía informado “en blanco”, cuando los movimientos “en negro” indicaron que no pudo justificar 9 millones de dólares) y, a la vez, dispuso inhibiciones generales a bienes de Cardona Herreros y Martínez. Según Enz, “hay quienes sostienen que el propio Urribarri se comunicó con altos funcionarios de Gustavo Bordet para expresar su malestar y exigió que se desestime lo dispuesto sobre los bienes de sus testaferros”.
Desde ahí comenzó todo un trajín recursivo. Los fiscales Yedro y Badano apelaron la medida de Vergara, pero el vocal Gervasio Labriola -del Tribunal de Juicios y Apelaciones- se negó a tratar el recurso de apelación. Y pidió que se notifique a los abogados defensores de los imputados. Pero los fiscales se opusieron, remarcando que no se podían notificar a los abogados porque ello iba a develar qué domicilios se iban a allanar. Labriola se negó y por ende los fiscales fueron a la Cámara de Casación penal. Estos últimos, el 22 de noviembre le ordenaron a Labriola que trate el recurso interpuesto por los fiscales.
Así fue como en dicha audiencia, Labriola anuló el fallo del juez Vergara y ordenó que vuelva a resolver sobre las cautelares. No lo concretó él mismo como suele ocurrir. El juez Vergara hasta ahora no ha vuelto a resolver el asunto. Mientras tanto Cardona Herreros pidió que, previo a dictar las medidas cautelares, se haga saber el pedido a la Embajada de Paraguay en la Argentina, y que se les corra vista del escrito de la fiscalía.
Entre tanto, ”la Sala Penal, por iniciativa de los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak (exabogada defensora de Urribarri a fines de los ’90 y principios del 2000) está proponiendo el cese de la suplencia que viene haciendo Vergara, pese a que tal instancia no corresponde que finalice ya. Y, a la vez, llevará al próximo Acuerdo del STJ de los martes, la propuesta de dejar sin efecto la designación del citado magistrado”, asegura Enz.
Entre tanto, las defensas de Urribarri y Cardona interpusieron recurso de queja directo ante el STJ, para que paralicen la remisión a juicio por enriquecimiento, que sería como el objetivo final de toda esta historia.
“El juez Vergara solo podría cesar en el cargo –explica Daniel Enz- si vuelve al cargo el magistrado Mauricio Mayer, quien se encuentra en lugar de Gustavo Pimentel, que está en Casación en un puesto que no se ha concursado. La intención de sacarlo a Vergara es porque no obedeció lo que pretendían: que sobreseyera a Urribarri por aplicación del precedente del fallo de la causa Cozzi, que determina un plazo de no más de 18 meses para investigar delitos de corrupción en Entre Ríos, tal como lo dispusieron los vocales de la Sala Penal del STJ, lo que siempre fue considerado una medida vergonzosa”.
“Si el STJER lo saca a Vergara (quien viene siendo presionado desde diferentes ángulos de la cúpula judicial) la semana que viene, estarían incurriendo en ilegitimidad porque a los funcionarios subrogantes no los pueden hacer cesar si no ocurre el motivo de caducidad de la designación (en el caso, la vuelta de Pimentel al cargo de Mayer y de Mayer al suyo). Pero todo puede pasar”, concluye Enz.
