Ante el requerimiento de la fiscalía y las querellas de que la causa sea elevada a juicio, los representantes legales de la única acusada por el crimen contestaron con esta denuncia y plantearon la nulidad de las pruebas recolectadas durante la investigación.
José Ostolaza, Horacio Dargainz, Darío Germanier y Pablo Sotelo, los cuatro abogados de la joven, sostuvieron que la investigación no está de ninguna manera finalizada, aunque remarcaron que su reclamo no tiene "un fin dilatorio". "Pero cuando la defensa escucha tantas apreciaciones desprovistas de rigor profesional -tal vez motivadas en el temor o clamor social- y que inciden en el resultado de las resoluciones, nos obligan a articular los resortes necesarios a los efectos de que al menos se tome con seriedad el planteo", indicaron.
El reclamo, sostienen, está fundamentado en la ley 26.485 (de protección integral a las mujeres), que en su artículo 4º especifica que se considera "violencia indirecta" a "toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón".
Los letrados describen entonces en la denuncia extractos de declaraciones de amigos de Fernando Pastorizzo y otros testigos de la causa, donde se describe el tipo de vínculo que tenían ambos jóvenes y donde se evidencian las supuestas agresiones que sufría la acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.
El equipo de defensores (que ya había hecho un pedido de recusación de Figueroa y Rondoni Caffa por "falta de objetividad" e "imparcialidad" a principios de mes), volvió a criticar los dichos del fiscal en la audiencia del 16 de marzo, donde señaló que "no existe víctima pasiva de violencia de género, porque el agresor ya no existe".
Los letrados sostienen que, en ese marco, "se formula la denuncia de violencia institucional al privar a la asistida de tener acceso a un servicio de justicia imparcial e igualitario, porque la misma fue víctima de violencia de género, basada en una relación desigual de poder".
"Es decir que conforme la interpretación realizada por el fiscal, nadie podría alegar legítima defensa o emoción violenta porque en realidad, o el agresor en la legítima defensa, o el provocador en la emoción violenta, en el caso de un homicidio ya no existe", explican.
