En una jugada destinada a generar impacto político, los cinco senadores de Unidad Federal, que conduce el exoficialista Guillermo Snopek (Jujuy), incluyeron en el temario a debatir los pliegos de tres jueces federales para la ciudad de Rosario que el kirchnerismo mantiene cajoneados desde septiembre del año pasado, cuando la comisión de Acuerdos dio luz verde para su debate en el recinto.
La agudización de la violencia en la ciudad santafesina no solo puso en la vidriera del debate público la fallida política de lucha contra el narcotráfico de las autoridades y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales; también dejó en evidencia el déficit que atraviesa la justicia federal en Rosario y su zona de influencia.
Unidad Federal presentó su pedido de sesión especial al enterarse de que el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), había iniciado negociaciones con los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio para tratar de consensuar un temario que permita abrir el recinto el 30 de marzo y terminar con los cuatro meses de parálisis en el Senado.
La última vez que la Cámara alta sesionó para discutir proyectos fue el 16 de noviembre último. A pesar de que el Poder Ejecutivo extendió a diciembre las sesiones ordinarias y convocó a sesiones extraordinarias a partir de la última semana de enero y durante todo febrero, el oficialismo y Cristina Kirchner no mostraron mucha voluntad de que la Cámara alta funcione.
La reunión terminó sin una definición concreta ya que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) y los jefes de los bloques de la UCR, Luis Naidenoff (Formosa), y de Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), quedaron en consultar con sus senadores antes de dar una respuesta.
El Frente de Todos había iniciado la semana pasada contactos informales para tratar de sesionar el día previo al 24 de marzo, con la intención de recordar la fecha del golpe del Estado que instauró la última dictadura y conmemorar los 40 años de restauración de la democracia. Fue la propuesta que le trasladó la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, a su comprovinciana y radical Mariana Juri, secretaria de la principal bancada opositora.
La respuesta fue negativa por las mismas razones que esgrimieron los lideres parlamentarios opositores en su diálogo con Mayans. Los opositores tienen mandato de la mesa nacional de Juntos por el Cambio de bloquear el funcionamiento del Congreso mientras el oficialismo insista con su embestida contra la Justicia y, sobre todo, el juicio político iniciado en la Cámara de Diputados contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Mayans sostiene que no se puede paralizar el funcionamiento del Senado por un tema que se encuentra en otra cámara, que recién podría terminar en junio y que es absolutamente constitucional. “Pero si hasta [Elisa]Carrió presentó un pedido de juicio político contra [Ricardo]Lorenzetti”, argumentó el senador oficialista ante la tríada opositora.
La fractura del oficialismo en febrero, con la partida del bloque de Snopek, Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis) para conformar Unidad Federal con la peronista cordobesa Alejandra Vigo, que responde a su esposo y gobernador, Juan Schiaretti, fue el golpe definitivo para que el oficialismo perdiera el control numérico del Senado. Con 31 senadores, ya no le alcanza con los tres aliados provinciales para conseguir el quórum de 37 presentes que es necesario para iniciar una sesión.
Obligado a negociar, Mayans pretende acordar con Juntos por el Cambio un temario que incluya los más de 30 pliegos judiciales con dictamen que esperan su debate en el recinto desde septiembre, no solo los vinculados con el departamento judicial de Rosario, y proyectos como la denominada ley Lucio y las ventajas impositivas para las inversiones en el sector tecnológico.
En su pedido de sesión especial, los peronistas díscolos también proponen tratar la ley Lucio, dos pliegos de jueces federales para Córdoba y un proyecto de Kueider que busca reducir las tarifas eléctricas a partir de la eliminación de impuestos, como el IVA, que se aplican a la facturas.
