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El Juez Federal, Hernán Viri, realizará este jueves una inspección en el balneario para avanzar en la investigación de la causa por el aglomeramiento de personas en la playa sin protocolos. Se intenta identificar a los participantes del aglomeramiento en la playa. A raíz de la presentación del municipio del lunes por la tarde en el Juzgado Federal, en la que informó lo ocurrido en el Ñandubaysal el domingo por la tarde, el Juez Hernán Viri dispuso una serie de acciones para el avance de la investigación.

"Ayer firmé distintas medidas de prueba, como una serie de declaraciones testimoniales; también dispuse para el día de mañana una inspección ocular en el lugar; y después las medidas de rigor que se llevan adelante siempre en las causas por violación al DNU presidencial", adelantó Viri.

La inspección será este jueves, a las 10. La comandará el Juez Federal acompañado por integrantes de Gendarmería.

"Lo que hay que determinar es por un lado la gente que asistió no respetando el distanciamiento, y por otro si hay responsabilidad penal de los dueños del lugar, de quienes tienen la concesión del balneario", explicó Viri.

Acerca de la posible responsabilidad penal del municipio por la ausencia de controles, el Juez manifestó que "en principio no es objeto de investigación, tampoco hubo denuncia en ese sentido".

Sobre el estado actual de la investigación, contó que "hasta ahora tenemos individualizados a la gente que estuvo presente y tenemos videos, lo que tenemos que determinar es cuales fueron las personas que violaron los protocolos y cuáles no".

Por último, aclaró que "estaba permitido solo realizar actividades náuticas y pesca con estrictos protocolos, no así ir a la playa y mucho menos hacerlo de la manera en que se hizo".
Causas por violación del ASPO Y DISPO
El Juez estimó que "estaremos alrededor de los 430 expedientes abiertos, los cuales pueden tener desde una sola persona hasta, por ejemplo, uno en el que tengo 150 imputados".

Además, reveló que "hasta el momento he firmado homologaciones por entre $720 y $750 mil pesos. Los imputados depositan directamente en la cuenta del Hospital Centenario o de la institución a la que va destinado el dinero, se trata de una reparación por el daño causado (en este caso la salud pública) que prevé el nuevo Código Procesal Penal.
Fuente: Diario El Día

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