Ante este hecho, la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay orientó efectuar una “entrega vigilada”, a fines de dar con los involucrados en el lugar de destino del envío.
De la investigación, surgió que ambos ciudadanos formaban parte de una organización delictiva dedicada al transporte, acopio y distribución de estupefaciente, lo que derivó en llevar adelante procedimientos en las provincias de Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires.
