El 11 de octubre de 2008 terminó de sesionar la Asamblea General Constituyente de la Provincia y dejó sancionada la reforma de la Constitución.
“La nueva versión constitucional incorporó en su letra importantes avances como ser la incorporación de derechos, garantías y clausulas protectoras del ambiente. En lo referente a los docentes, la Constitución incorporó en su artículo 36° una cláusula que venía siendo largamente demandada por Agmer: nos referimos a la prohibición expresa de que los directores departamentales de Escuelas sean designados en forma directa por el Gobernador”. Efectivamente, el artículo 36 de la Constitución Provincial establece que “la ley determinará las condiciones para los ingresos y ascensos y establecerá los funcionarios políticos sin estabilidad que podrán ser designados sin concurso. No podrán incluirse entre éstos los cargos de directores de hospitales y directores departamentales de escuelas”.
Pero ese mandato constitucional, a diez años, nunca se ha cumplido.
Desde Agmer Uruguay hacen notar que “a diez años, el Estado Provincial no da cumplimiento a lo dispuesto por la principal ley provincial. Primero fue el ex gobernador Sergio Urribarri y desde el 2015 es el actual gobernador Gustavo Bordet quienes hicieron caso omiso a lo dispuesto por nuestra Constitución y siguieron designando a los 17 Directores Departamentales de la Provincia sin concurso”.
En ese marco, señalaron que los actuales funcionarios que dirigen la política educativa en cada uno de los departamentos de la provincia “tienen ilegitimidad de origen”, por cuanto su nombramiento “no es acorde a lo dispuesto por la Constitución Provincial y por lo tanto deberían abstenerse de tomar decisiones de política educativa y laboral”.
Pero también, dice el gremio, “está claro que si bien la responsabilidad principal es, como quedó dicho, del Poder Ejecutivo Provincial, también hay una responsabilidad de los legisladores que pasaron por el Parlamento provincial en estos diez años. Fueron incapaces de generar una reglamentación de concurso para el cargo de director departamental y de forzar al Ejecutivo a cumplir con la cláusula constitucional. También hay responsabilidad del Consejo General de Educación, que mira para otro lado ante el flagrante incumplimiento constitucional”.
“También -agregan- cabe reflexionar acerca de la permisividad social que permite que los dirigentes incumplan lo dispuesto por la Constitución. Evidentemente estamos ante una sociedad abrumada por la crisis económica, el bombardeo de noticias, los problemas de corrupción, etc y sin espacios de debate para temas de gravedad institucional que no forman parte de la agenda de los medios hegemónicos”.
Al respecto, sostienen que los docentes en las escuelas enseñan “a respetar las normas preestablecidas, enseñamos las consecuencias que tiene para una persona incumplir la ley. ¿Cómo hacemos para continuar enseñando esto si vemos que el Estado Provincial incumple ni más ni menos que la Constitución Provincial y no recibe ninguna sanción?”.
