El tribunal estará compuesto por Daniel Malatesta, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel. En el debate se buscará detectar las irregularidades en la cesión de un galpón de la Asociación Civil Los Viales y la sustracción de fondos públicos para la puesta en funcionamiento de la escuela privada, según había denunciado la revista ANÁLISIS.
La DPV habría pagado más de tres millones de pesos al personal docente y no docente. A Rodríguez lo defiende Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Fernanda Vázquez Pinasco. Mientras que a Kemerer y Heyde serán representados por Javier Martínez. Las audiencias se desarrollarán durante los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 28 de mayo en los Tribunales de Paraná. La semana pasada el propio Rodríguez dijo en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que "no hubo desvío de fondos públicos" y se manifestó inocente por considerar que no cometió ningún delito.
La novela judicial de Jorge Rodríguez, el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), parece ingresar en un terreno de definiciones: a partir de este 14 de mayo será juzgado por el supuesto desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo y los fiscales adelantaron que solicitarán que sea condenado a siete años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La causa se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la Revista ANÁLISIS.
En el banquillo de los acusados también estarán sentados Néstor Alberto Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros de la DPV; y Mario Ricardo Heyde, que era subdirector de Almacenes y Suministros del organismo.
Los funcionarios, aparentemente, utilizaron fondos de la DPV para sostener la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada el 5 de diciembre del 2014 y anunciada como “la primera escuela vial del país”. Se trata de una escuela de nivel primario que funciona en calle Brasil 1050 de Paraná.
El juicio estará a cargo de un tribunal integrado por Daniel Malatesta, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel; y las audiencias se desarrollarán los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24 de mayo; mientras que los alegatos de la fiscal y los defensores están previstos para el 28 de mayo.
Se prevé que declaren alrededor de cincuenta testigos, entre los que se cuenta al ex ministro de Educación, José Eduardo Lauritto; al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y a Juan Carlos Lallana, que sucedió a Rodríguez al frente de la DPV; como así también a integrantes de la comisión de padres y empleados de la institución.
Concretamente, los exfuncionarios están acusados por la sustracción de fondos públicos para la puesta en funcionamiento de la institución educativa mediante la contratación de once personas como empleadas de la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, pero para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela, por que sus salarios eran abonados por el organismo.
También se cuestiona a los funcionarios que cedieran en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez; y que las obras de refuncionalización del predio, con el fin de habilitarlos para el funcionamiento de la escuela, se hicieran con fondos asignados al presupuesto de la DPV. Por último, se les achaca que adquirieran un mástil de escritorio cromado, un libro copiador, un dispenser de jabón y cestos de residuos, para la escuela, también por cuenta del organismo.
En su acusación, la fiscal Patricia Yedro sostuvo que la Dirección Provincial de Vialidad pagó más de tres millones de pesos al personal docente y no docente y dispuso alrededor de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción de la escuela.
Esta conducta había motivado una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo
En la audiencia de remisión de la causa a juicio, la fiscal Yedro adelantó que pedirá que Rodríguez y Kemerer sean condenados a siete años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y que Heyde reciba una condena de cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua.
Los defensores, por su parte, vienen sosteniendo que los hechos no constituyen ningún delito y solicitaron en distintas instancias el sobreseimiento de los ex funcionarios, algo que les ha sido rechazado. En el juicio, Rodríguez tendrá como defensores a Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Fernanda Vásquez Pinasco; mientras que Kemerer y Heyde serán asistidos por Javier Martínez.
