La causa está caratulada «Vargas, Pedro Matías-Panza, Vito Luciano S/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores, abuso sexual» y las audiencias, que se desarrollarán en los Tribunales paceños serán presididas por los jueces María Carolina Castagno9, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón.
El Ministerio Público Fiscal estará representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejercerá la abogada Valeria Burkhardt; en tanto que el abogado Roberto Alsina ejercerá la defensa técnica de los imputados.
Está previsto que los testigos de la Fiscalía, de la querella y de la defensa declaren miércoles y jueves, en tanto el viernes serán los alegatos de clausura.
La causa se abrió en abril de 2017, cuando una joven de 18 años escrachó en Facebook a los acusados, señalándolos como abusadores.
El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
La investigación penal preparatoria la llevó adelante el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien imputó a Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Panza (32 años).
Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.
En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Burckhard, que representa a una de las jóvenes denunciantes, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza.
Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo.
La investigación concluyó en noviembre de 2018, cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio. A esa solicitud se sumó la abogada querellante Valeria Burckhard. El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020.
Por el juicio desfilarán 19 testigos. Hoy se prevé que se escuchen cinco testimonios por la mañana y otros cinco por la tarde.
El 11 de marzo será el segundo día de juicio y también se realizará en dos partes. Por la mañana, deben presentarse cinco testigos y por la tarde, cuatro. El 12 de marzo serán los alegatos de clausura del juicio, a las 9.
Algunos de los testimonios más importantes son los de las madres de las víctimas; la psicóloga Gabriela Torregrosa, cuyos informes periciales fueron clave para las imputaciones; el de María Elena Vega, exsecretaria del área de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena que dio contención a las adolescentes; y testigos de las defensas, compuesta por algunos familiares de los acusados y miembros de la congregación.
Será importante en el juicio conocer cuál será la postura de miembros de la congregación, que durante el proceso de investigación se mostraron renuentes a colaborar con la Fiscalía y la querella.
Una muestra de la reticencia de una parte de la organización se vio el 6 septiembre de 2017, cuando la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a la Fiscalía que no darían información sobre ambos acusados. Se ampararon en la Ley 25.362, de Protección de Datos Personales. El escrito fue firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional.
Lo cierto es que, como en todo proceso penal, los testigos que declaren falsamente pueden quedar a merced de una causa penal. Así lo instruyó el 27 de agosto de 2019 el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, quien ordenó a todos los fiscales a su mando pedir la detención inmediata de testigos que en distintos procesos penales incurran en el delito de falso testimonio.
Entonces, García consideró que es “de prioridad político-criminal” de la Procuración General actuar de forma inmediata ante las situaciones de “comisión del delito de falso testimonio in fraganti”.
Uno de los antecedentes más próximos de testigos condenados por falso testimonio -en el marco de un proceso por abuso-, es el del cura Mario Gervasoni, secretario privado del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari. Al sacerdote se le reprochó esa actitud cuando declaró en la instrucción de la causa al sacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores.
El cura fue condenado a un año de prisión condicional el 1º de octubre de 2019 y la sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal en febrero de 2020.
