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El ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos dio por finalizado un sumario administrativo contra Héctor Hugo Righelato, exdirector de Obras Sanitarias de la provincia, que el 20 de abril de 2018 fue condenado a tres años de prisión efectiva por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
Decreto
La decisión se encuentra en el decreto N° 722, firmado por el ministro Raúl Richard, el 3 de abril de este año. Es decir, cinco años después de la condena recaída sobre el exfuncionario y agente de planta permanente de Obras Sanitarias.

Hace seis años, cuando la denuncia de la fundación socioambiental llegó a la justicia, "se dispuso la instrucción de un sumario administrativo al agente Héctor Hugo Righelato, Legajo N° 103.860, personal de Planta Permanente de la Dirección Provincial de obras Sanitarias de Entre Ríos por estar su conducta presuntamente incursa en la causal de Exoneración, Art. 7° de la Ley 9755, Inciso b) “Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública” e Inciso d) “Violación de las prohibiciones previstas por la presente Ley”.

Al finalizar y dar por aprobado el sumario administrativo, el ministerio de Planeamiento entendió que en virtud de la exoneración dispuesta en 2018, "carece de todo sentido juzgar, mediante el presente procedimiento investigativo, la conducta de un agente que no pertenece a los cuadros de la Administración Pública, en virtud de haber cesado el vínculo de Empleo Público con el Estado Provincial y, por ende también la potestad disciplinaria de la Autoridad de Nombramiento, operando la extinción de sus facultades para aplicar una factible pena; y que en mérito de lo expuesto, la Comisión Asesora concluye que se dé por aprobado el sumario administrativo ordenado mediante Decreto N° 2685/17 MPIYS y atento al dictado del Decreto N° 2762/2018 MPIYS, por finalizadas las actuaciones, remitiéndose a la sanción allí aplicada al agente".
Condena y exoneración
Cabe recordar que Righelato fue denunciado por la fundación M' Biguá en 2016 y en el abreviado reconoció que utilizó bienes públicos para la actividad privada mediante una maniobra en la que participaban tres empresas de su círculo: Azul SRL, de su propiedad; Tecnogeo SA y Ecocien SA, a nombre de un amigo personal. Las tres eran contratistas de Obras Sanitarias.

Además de la condena, en la causa aceptó pagar una multa de 10 mil dólares y entregar a la Provincia dos propiedades que fueron producto del ilícito: una ubicada en calle Laprida Nº 1101 (que había sido comprada por la Azul SRL, que pertenecía a Righelato y su excónguye); y una casa ubicada en calle Bravard Nº 266.

Al poco tiempo de su condena, el exfuncionario fue exonerado (expulsión permanente del Estado) mediante el decreto N° 2762 del 3 de setiembre de 2018. Lo que sucedió ahora es que se dio por finalizada la investigación sumarial que se inició mediante el decreto N° 2685, del 29 de agosto de 2017.

En los hechos que se le reprochaban -y que quedaron probados en el juicio abreviado-, se precisó: "A) Uso indebido de bienes del Estado Provincial para fines particulares, del vehículo oficial Toyota Corolla 1.8 XEI, modelo 2015, Dominio ORU 043, con el cual protagonizo un accidente el día sábado 24 de septiembre de 2016, en la Ruta 11, km. 197, que según el registro fotográfico del automotor, el mismo había quedado en estado de destrucción depositado en el acceso a la Comisaría 8va, Distrito del Departamento Gualeguay, no existiendo pedido de comisión de servicio avalando dicho viaje, ni registro de pedido de auxilio o similares al Instituto Provincial del Seguro para denunciar el siniestro, tal cual surge de lo informado por Tribunal de Cuentas de la Provincia".

En segundo lugar, se lo acusó por "irregularidades en relación al vehículo Camión Mercedes Benz, Dominio MAM 288, de acuerdo a las documentales agregadas, el mismo se encontraba secuestrado por la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre ríos, en la Sección Verificación de Automotores, autorizando el Sr. Fiscal Dr. Ramírez Montrull su devolución en fecha 3 de marzo de 2017 al Director General de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos, en carácter de depositario judicial, diligencia que se perfeccionó luego de efectuar una constatación del mismo el 28 de abril de 2017, junto a la Escribanía Mayor de Gobierno, el día 6 de junio conforme Acta de Entrega por parte de la Dirección de Investigaciones de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, encontrándose en el interior del rodado numerosos insumos que la firma BHY de la localidad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, que reconoce como de su propiedad".

En tercer término, se le endilgó la "faltante del vehículo Saveiro Pick Up, Dominio KOT 321, Modelo 2011, el cual no es identificado por el Escribano Delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, a cargo de la constatación realizada el 17/03/2017, no encontrándose en ninguna de las correspondientes dependencias en que se llevó a cabo la misma, conforme el listado aportado por su actual Director".

Finalmente, en cuarto lugar se lo reprochó por "contrataciones irregulares en el marco del Decreto N° 4521/12 MPIYS, adjudicándose varias de las Obras a la firma ECOCIEN S.A., siendo que la misma no cuenta con maquinarias en su activo y registra un solo empleado, conforme surge del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y visitas realizadas in situ a las diferentes obras; E) Sustracción y/o desaparición del Expediente N° 1.832.445 de la obra “Excavación de Zanja con conexión de cañerías para agua potable, con posterior relleno y retiro de materiales de la Junta de Gobierno de Estanquitas, Departamento La Paz”.
Fuente: UNO Entre Ríos

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