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Con el objetivo de agilizar y transparentar el otorgamiento de las pensiones por discapacidad, el Gobierno publicará una resolución para avanzar con la renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.

Al respecto, desde la Casa Rosada afirmaron que “no se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno”, dijeron.

Según la información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad, actualmente hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar –el beneficiario o su grupo familiar– con ingresos o recursos.

La depuración implicará que a lo largo de este año la Agencia convoque a unas 120 mil personas para actualizar datos. “Va a ser fácil porque los que saben que no les corresponde el beneficio ni se van a presentar”, vaticinan.
Otras medidas
En paralelo se trabajará sobre otras dos medidas. En principio, tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.

En esta primera etapa de análisis, surgieron más de 10 mil casos de incompatibilidades, según confirmaron desde la Agencia. “Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión”, repasaron desde el organismo, conducido por Santiago Ibarzábal.
Buscan terminar con el expediente papel
Argumentaron que “es muy difícil encontrar un expediente entre un millón de papeles”, en relación a que todos los legajos se confeccionaban en formato papel y se guardaban en distintas dependencias.

Por eso, hacia adelante, la idea es terminar con el expediente papel: para las personas que deseen tramitar una pensión, el Gobierno ya puso en marcha el circuito de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital, que deberá tramitarse en hospitales públicos y en el que cada médico tendrá que validar en forma online la discapacidad de la persona que tramita el beneficio.

Esta digitalización, exponen desde la Agencia, evitará que no haya más documentos ilegibles, como sucede hoy en tantos expedientes afectados por el deterioro del formato papel. Y que ningún médico pueda desconocer que firmó un certificado de discapacidad sin que se cumplieran los requisitos.
Fuente: Clarín

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