El proyecto, presentado tiempo atrás por el senador Ángel Giano, que cuenta incluso con el aval del gobernador Gustavo Bordet, cobró fuerza el año pasado a raíz del impacto que tuvo el aumento del costo de la energía, convirtiéndose en una de las banderas de la campaña del justicialismo para las legislativas del 2017.
La iniciativa que logró la media sanción en el Senado y que deberá analizar ahora Diputados, declara que “los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano”.
También encomienda “al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial y a las representaciones legislativas de la Provincia en la Nación la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay”.
El otro proyecto
En la agenda de la comisión también está un proyecto del Diputado José Artusi, que establece “principios rectores de las políticas públicas de la provincia de Entre Ríos en materia de soberanía energética, tanto a nivel provincial como en su relacionamiento con las demás provincias y la Nación”.Concretamente, la iniciativa fija que “los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y los recursos hidroeléctricos existentes en el territorio de la República Argentina, Antártida e islas del Atlántico Sur y la plataforma continental, constituyen bienes estratégicos y son patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina. Las provincias en cuyo territorio se encuentren tienen el dominio originario, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 85 de la Constitución Provincial en el caso de la provincia de Entre Ríos, siendo en todos los casos la jurisdicción exclusiva del Estado Nacional”. Pero propone el establecimiento de una tarifa diferenciada para el consumo de energía eléctrica en la provincia, “fijada de acuerdo al aporte energético realizado a toda la Nación por la represa de Salto Grande”.
En sus fundamentos, reclama no caer “en una concepción deformada del ideal federalista que resulte finalmente contraproducente para los intereses de las provincias y de la Nación en su conjunto”.
Desde esa postura propone: “Debemos defender un federalismo genuino, que es contrario a una posición que a menudo adopta su ropaje pero esconde en el fondo una concepción seudo-federalista, más cercana a un “provincianismo” que -ingenuo o interesado- ha servido en numerosas ocasiones para perfeccionar la entrega, privatización y extranjerización de nuestros recursos naturales.
