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En la sesión de este martes por la noche ingresó un proyecto de ley, de autoría del diputado José Artusi (Cambiemos) por el que se establece "el régimen jurídico de las campañas de publicidad y comunicación oficial, promovidas y contratadas por el Estado Provincial, comprendiendo la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, los entes autárquicos y las empresas del Estado".

"La publicidad oficial de entes autárquicos y empresas del Estado deberá tener relación directa con el objeto social de los mismos", se agrega en la iniciativa, en la que se considera "Publicidad Oficial a toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación para difundir acciones o informaciones de interés público".

El artículo 4º de la iniciativa dispone que "podrán ser destinatarios de la pauta oficial solamente aquellos medios y/o productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, que al momento de la asignación, se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Proveedores de Publicidad Oficial, al que se puede ingresar cumpliendo una serie de requisitos.

En otro de los artículos se brindan detalles acerca de la finalidad que deberá tener "la Publicidad Oficial" y, en este sentido, se menciona el afianzamiento "de los valores y principios constitucionales", la promoción del "ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos", la estimulación de "la participación de la sociedad en la vida pública", la difusión de disposiciones normativas y la promoción de la educación para la salud, entre otras.

En tanto, aclara que "la publicidad oficial no se podrá utilizar para elogiar o destacar la gestión y/o la labor de las autoridades o funcionarios públicos" ni "fomentar expresa o tácitamente los intereses de ningún partido político, sindicato, u organización empresarial".

Tampoco "menoscabar o perturbar las actuaciones legítimas adoptadas por otro poder público en el ejercicio de sus competencias" ni "transmitir mensajes discriminatorios o contrarios a los principios, valores, declaraciones, derechos y garantías que conforman el régimen republicano.
También el proyecto establece una serie de "criterios objetivos" para otorgar partidas de publicidad oficial: el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica, el fomento del equilibrio territorial y la pluralidad de voces, etc.

Y dispone que "la autoridad de aplicación procederá a establecer en cada Plan Anual de Publicidad Oficial los porcentajes de montos a distribuir por tipo y categoría de medios de comunicación" y "deberá difundir públicamente dos veces al año la información relativa a la distribución de publicidad oficial, consignando quienes resultaron destinatarios de la pauta en relación a la totalidad de los postulantes".

El artículo 23º del proyecto establece la creación del "Observatorio Provincial de la Publicidad Oficial", que dependerá del Poder Legislativo y deberá realizar periódicamente una evaluación acerca de los gastos y prácticas en la Publicidad Oficial y podrá recibir las denuncias que hicieren los medios de comunicación o los particulares acerca de violaciones a lo establecido en la presente ley.
Fuente: AIM Digital

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