Se sabe, que el caso de la doctora quedó en el Jurado de Enjuiciamiento, un instituto constituido por siete integrantes, en el que cinco responden a la comunidad judicial: tres vocales, dos representantes del Colegio de la Abogacía y dos por la Legislatura.
El procurador tuvo mejor suerte, pero en un ámbito netamente político. La comisión citada la integran Juan Pablo Cosso (PJ), Mariana Farfán (PJ), Juan Navarro (PJ), Carina Ramos (PJ), María del Cármen Toller (PJ), Vanesa Castillo (PJ), Gustavo Zavallo (PJ), Esteban Vitor (PRO), Diego Satto (PRO), Manuel Troncoso (PRO) y Julián Maneiro (UCR).
Allí se desestimó la denuncia contra el jefe de los fiscales y pasó al archivo por entender que no se cumplieron los requisitos formales.
La denuncia contra García había ingresado al Jurado de Enjuiciamiento, que se declaró incompetente para juzgar la conducta del procurador general y resolvió por cuatro votos a tres girar la denuncia a la Comisión de Juicio Político. García había planteado la cuestión con la pretensión de que sea la Legislatura la que atienda su caso.
Los denunciantes, en su larga presentación, habían apuntado al procurador de haber estado en conocimiento sobre la relación comercial entre Goyeneche y el imputado en la causa contratos truchos, el contador Pedro Opromolla.
Además, habían cuestionado duramente la política criminal del jefe de los fiscales de Entre Ríos ya que, supuestamente, habría apuntado a rangos inferiores en la causa conocida como de los “contratos truchos”. Le reprocharon haber omitido revisar responsabilidades de los cargos superiores de la política entrerriana.
