El 4 de diciembre fueron publicados en el Boletín Oficial dos decretos firmados por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que establecen el cese de actividades de dos agentes de Salud: uno fue condenado por violar y otro por vender drogas.
Condena por violación
El decreto Nº 1.362, fechado el 26 de agosto de este año, suspendió al agente Edgardo Daniel Diez, condenado el 14 de marzo de 2018 por el juez de juicio Pablo Vírgala de Paraná a la pena de 10 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
Diez tenía un cargo de categoría 8, con prestación de servicios en el Hospital San Martín de la capital entrerriana. Luego de que trascendiera su condena, el Ministerio de Salud abrió un sumario administrativo y determinó su cesantía en los términos del artículo 71° inciso f) de la Ley 9755 -Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia, que fija la suspensión del trabajador si existiere sentencia condenatoria firme por un delito doloso no referido a la Administración Pública.
“Ninguna duda cabe respecto de la gravedad de la falta cometida y la contundencia de la prueba del hecho imputado, por ende, corresponde la aplicación de la sanción expulsiva de los cuadros de la Administración Pública al agente Edgardo Daniel Diez”, se manifiesta en el decreto.
Condena por venta de drogas
Por su parte, el decreto Nº 1363 publicado en el Boletín Oficial determinó la expulsión del agente Dardo David Cáceres, quien se desempeñaba en un cargo de categoría 7 con prestación de servicios en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.
Al igual que Diez, Cáceres fue expulsado por el Ministerio de Salud, que se amparó en el artículo 71° inciso f) de la Ley 9.755 de Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia.
El 31 de octubre de 2016, en el marco de una causa por venta de cocaína, el agente de Salud fue detenido. Al ser intimado por las autoridades del nosocomio para que se presente a trabajar, les envió una nota informando que estaba privado de su libertad en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay.
Asimismo, dos años después, el 31 de mayo de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo condenó a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Luego de que se abriera un proceso de sumario administrativo por parte del hospital, Cáceres argumentó mediante un descargo que en su trabajo no cometió ningún delito, que cumplió con todos sus deberes, y que estaba preso “por un problema de adicción, el cual lo ha superado porque realizó un tratamiento”. En este sentido, manifestó que “le gustaría volver y cuidar su trabajo más que nunca, porque se siente curado y por su familia, ya que es el único sostén”.
A pesar de ello, el agente fue cesanteado y se rechazó su descargo, dado que no presentó “ningún elemento probatorio al respecto” y las investigaciones desarrolladas por la Policía Federal Argentina evidencian de manera contundente la venta de droga al menudeo con fines de lucro.
