Según se observa en el Boletín Oficial publicado el lunes pasado, Jerónimo Eduardo Lapera fue destituido por cesantía de la Policía el 4 de agosto de 2016, luego de la condena de marzo de ese mismo año. El caso ocurrió en 2010, cuando unos seis efectivos policiales interceptaron a un muchacho que salió de su casa y fue al quiosco en el barrio Mosconi.
Con insultos le pidieron el documento; como no lo tenía, el hombre les dijo que iba hasta la casa a buscarlo, pero comenzaron a golpearlo. De manera totalmente arbitraria e ilegítima, lo subieron al patrullero y lo pasearon por varias calles de la ciudad, mientras continuaban con la golpiza. El viaje terminó en la comisaría quinta, donde lo desnudaron y lo tiraron en el patio, le dieron un cepillo para que limpiara su ropa ensangrentada, y seguía recibiendo piñas y patadas. Además, para que no pudiera reconocerlos, le tiraron gas pimienta en los ojos. Cuando esa mañana la jueza ordenó la liberación del joven detenido, no le devolvieron los cigarrillos, el encendedor ni 100 pesos que tenía.
Al día siguiente del hecho, el damnificado había contado el episodio y consideró que lo que le sucedió fue “un caso por el color de la piel, como nosotros decimos”.
Cuatro policías terminaron condenados por los apremios ilegales, las vejaciones y el robo. Debieron realizar un curso sobre Derechos Humanos. Entre ellos Lapera, quien el 10 de enero de 2020 solicitó que se revea su situación, solicitando la conmutación de pena de baja por cesantía por la de arresto y se disponga su reingreso a la fuerza de seguridad.
El jefe de la Policía provincial, Gustavo Maslein, propuso al Poder Ejecutivo que “considera viable propiciar la conmutación de la pena de destitución por cesantía impuesta por la de 45 días de arresto, posibilitando el reingreso del mismo a la Institución Policial”.
Esta medida fue resuelta y decretada por el gobernador, Gustavo Bordet, quien ordenó “el reintegro al Servicio Policial Activo” de Lapera “con el grado de Oficial Sub Inspector”.
Torturas, condena y adentro
El otro caso tiene como protagonista a Ricardo Román Coronel, quien fue apartado de la Policía de Entre Ríos el 7 de diciembre de 2017, tras recibir la sanción de destitución por cesantía.Según la sentencia judicial de 2015 en la que fue condenado por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, María Angélica Pivas, Coronel participó de los golpes y vejaciones, junto a otro funcionario policial que no pudo ser identificado, contra tres hombres que fueron detenidos dentro de un establecimiento rural del Séptimo Distrito de Gualeguay, la noche del 11 de agosto de 2011.
Le imputaron “haber efectuado golpes con el puño, los pies y con el cañón de un arma larga contra los tres detenidos, cuando se encontraban esposados, y someterlos a vejaciones tales como cargar el arma y apuntarles en la cabeza, y sentárseles encima durante el traslado a sede policial en la caja de una camioneta. También los acusan de obligar a permanecer arrodillados durante prolongado lapso a los apresados, agredirlos verbalmente, pincharles la cara con una guampa de ciervo que llevaba una de las víctimas en un bolso, entre otros ataques”.
Coronel recibió tres años de prisión en suspenso “con más de la inhabilitación especial para el desempeño de todo cargo público por doble tiempo de la condena”.
En julio de 2020 solicitó la conmutación de pena de cesantía por otra más benigna. “La petición cuenta con propuesta favorable del señor Jefe de Policía quien, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 31° de la Ley 5.654/75 -Reglamento General de Policía-, considera viable propiciar la conmutación de la pena (...) posibilitando el reingreso del mismo a la Institución Policial”, sostiene el texto del Boletín Oficial.
Al igual que en el caso anterior, el gobernador decretó “el reintegro al Servicio Policial Activo del señor Ricardo Román Coronel, exfuncionario policial, con el grado de Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos”.
