En el informe de 11 páginas que remitió al presidente, al jefe de gabinete y, por supuesto, al propio Etchevehere, la OA indica que la "percepción de la retribución excepcional" por parte del funcioario "no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública".
Según la oficina, bajó la órbita del Ministerio de Justicia, los funcionarios deben seguir un “deber de prudencia”, previsto en el artículo 9º del Código de Ética de la Función Pública, para "inspirar confianza en la comunidad".
"Se deben evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”, concluyó.
Si bien admite que "el pago de la retribución excepcional y las circunstancias que lo rodearon tuvieron lugar antes de la designación formal" del ministro, "no puede dejar de advertirse que, en dicho momento, Etchevehere ya había sido propuesto para el cargo y se encontraba en trámite su nombramiento". Es decir, que el pago fue realizado -y recibido- el 16 de noviembre del año pasado, una vez que su designación ya había sido anunciada ante la opinión pública.
"La retribución extraordinaria en favor de Etchevehere aconteció con motivo de su desvinculación de la SRA -que presidió desde septiembre de 2012 hasta su salida- y ésta se produjo en razón de haber sido convocado para desempeñarse como ministro de Agroindustria", expuso el organismo que dirige Laura Alonso.
Precisamente, en su descargo ante la OA, Etchevehere acompañó las copias de las actas de la comisión directiva de la SRA en las que se aceptó su renuncia y resolvió otorgarle el bono. Y explicó: "fue en el marco de tal renuncia que -en el contexto de una votación de sus miembros- resolvió liquidar los honorarios correspondientes a mi gestión al frente de ella, evitando así cualquier conflicto de intereses que pudiera suscitarse al momento de asumir como ministro”.
A la nota de Etchevehere se sumó otra de la SRA, en la que dio cuenta que la retribución obedeció a "los servicios prestados y su excepcional desempeño como presidente" de la entidad y que, si bien en el pasado no ha otorgado retribuciones similares hacia otras autoridades, ha “abonado en los últimos años retribuciones o gratificaciones excepcionales a varias personas que prestaron servicios en la entidad (empleados y gerentes) en ocasión de su egreso”.
Aquí la OA contraatacó con un pedido de informe, solicitando los datos de los beneficiarios y las fechas y los montos de esas retribuciones, para constatar si la práctica era habitual. La OA cita una respuesta sugestiva: "la SRA informó solo sobre una única gratificación especial y voluntaria otorgada en el año 2001 a un gerente general -con 53 años de desempeño en la institución, bajo la modalidad de contrato de trabajo- con motivo de su cese y en reconocimiento 'por los valiosos servicios prestados a la entidad'". Por ende, concluyó la oficina, no se trata de una "práctica habitual" y que "resulta confusa la causa de la citada 'retribución excepcional'".
Laura Alonso también decidió indagar respecto a una de las actas de la comisión de la SRA, donde se sostenía que la cuestión del pago del bono al hoy ministro había dado lugar "a un extenso debate": solicitó una transcripción de aquella reunión. La respuesta fue negativa ya que, argumentó la SRA, el debate se produjo “in voce".
Pero el organismo fue más allá y desmintió muy duramente a Etchevehere, quien en su presentación dijo "estar convencido de haber actuado correctamente, preservando en todo momento su buena fe y de acuerdo a lo respondido por la OA, a la consulta que le formulara antes de asumir el cargo de ministro".
