Se habría dado el hecho que un gobernante tan novato como desubicado tuvo la, en apariencia disparatada, idea de efectuar un censo de características especiales del personal de la administración que iba a dirigir, dada la circunstancia que no se conocía a ciencia cierta al número de empleados ?entre los "de planta" y los contratados- con que contaba.
Para hacerlo estableció el cumplimiento de requisitos especiales: que el personal a censar lo fuera un día preestablecido en su lugar de trabajo, y que el que no resultara censado automáticamente se lo considerara prescindible y por ende afuera. La relación concluye señalando que el día del censo la concurrencia fue tan numerosa que no alcanzaban los asientos disponibles para todos ellos?
Se trata de una situación que se observa en forma repetida, y de la cual es un ejemplo mayor el que luego del reciente cambio de autoridades no sólo hubo un extraño "brote" del personal presente en la Casa Rosada, sino que se dio el caso que podía observarse oficinas de una dimensión de tres metros por tres, albergando a seis empleados. Información que se complementa con la indicación que en el último mes en el ente encargado del saneamiento del Riachuelo se han nombrado más de cien de aquellos, y que en el acto que un diario capitalino describe como "inusual protesta en el Congreso por temor a posibles despidos" los empleados del Congreso rebasaron los límites del Salón de Pasos Perdidos del edificio.
Circunstancia explicable si se atiene a que en la Cámara de Diputados revistan 5625 empleados, mientras que en Senado lo hacen 6026, o sea un número mayor que el de la población activa de nuestra ciudad, y todo ello para funcionar de "escribanía" y en tal condición sancionar leyes como si se tratara de la elaboración de "comida rápida".
A su vez, todo lo que aquí escrito puede encontrarse repetido a todos los niveles y en todos los ámbitos de las distintas administraciones públicas. Un estado de cosas que resulta conveniente analizar dentro de presiones que conforman el marco adecuado para hacerlo.
Primero: que en la actualidad el sector público, está conformado por un número mayor de personal que el del sector privado, circunstancia que resulta explicable por el estancamiento de la actividad económica productiva en los últimos años. Segundo: que en consecuencia debe considerarse que al menos muchas de las designaciones que se han efectuado en el ámbito estatal, son una de las manera -la otra está en el otorgamiento de "planes de trabajo"- de disfrazar la desocupación, o sea otra forma de "desocupación encubierta" o disfrazada. Tercero: que esta última forma de hacerlo está por lo general dirigida a un segmento de personas con lo que más que aspiraciones, cabría considerar como pretensiones altas, si se tienen en cuenta las remuneraciones que reciben por ocupar posiciones sin ninguna o poco carga horaria. Cuarto: que ha sido una práctica inveterada en la mayoría de los países que ante cada cambio de gobierno, los victorioso visualicen a esta posibilidad de nombrar empleados como una suerte de botín laboral, como consecuencia del cual los cargos de la administración son cubiertos por familiares ?por eso que la familia es lo primero-, amigos y simpatizantes. Quinto: que en la mayoría de los países, es una costumbre afincada el hecho que esa corruptela venga acompañada por el hecho que quienes así llegan a la nueva administración se van con ella. Sexto: que la norma constitucional que dio el rango de derecho a la estabilidad del empleado público entre nosotros, más allá de su legitimidad y razonabilidad, trajo como resultado consecuencias indeseadas. La primera de ellas, que como nadie se iba y seguían llegando, la estructura administrativa resulta posible describirla como un estrato geológico compuesto de diferentes capas, dado que la filiación de los componentes de cada capa coincide con la de quienes estaban al frente de la administración a ese momento. Que a ello se agrega el hecho que se intenta y se logra el desborde de las rigideces administrativas de los organigramas, con la incorporación de "personal contratado", cuya condición de empleados se pretende disimular exigiéndole su inscripción como "monotributistas".
Todo lo cual significa que las autoridades que resultan tales como consecuencia de las últimas elecciones, en el caso de que intenten revertir ese estado de cosas se encuentren ante lo que es un problema mayor, ya que no resulta prudente y en realidad tampoco posible poner a la mayoría del personal superfluo de un día para otro en la calle.
De allí que según se indica en el caso de la administración nacional, se señala que el criterio para reordenar la planta administrativa sea el de proceder al examen de "caso por caso", de manera que el adelgazamiento de la estructura administrativa sea gradual y sus consecuencias sean hasta cierto punto al menos neutralizadas por el esperado crecimiento de la actividad económica y la mayor demanda de personal que ella conlleva.
Por nuestra parte, se nos ocurre una variante de esa propuesta, que debe considerarse respeta el marco por ella establecida. Es que no debe pasarse por alto la desubicación de muchos de quienes ejercen funciones de gobierno, que parecen entender que su importancia ?más que la eficacia de su gestión- es mayor cuando en su área tanto el organigrama como el número de desempleados se vuelve más frondoso. Es por ello que consideramos que como una etapa previa a cualquier decisión deba comenzarse por dejar establecido cual es el organigrama y la planta de personal adecuada para llenar las funciones de cada área del gobierno. Y hacer una "bolsa" con todo el personal que sobra, al que en parte cabe destinarlo a atender servicios públicos que no se prestan por parte de la administración, y al resto capacitarlo para su acceso al mundo laboral extra-estatal, pagándole una retribución durante el tiempo que dure esa capacitación.
Todo lo cual no significa un reaseguro, para que con el transcurso del tiempo no se vuelva a las andadas.
