De allí, que frente al hecho que de ser el nuestro un país de "importación" en lugar de serlo de "exportación" en la materia -o dicho de otra manera, que suena, sin serlo, contradictoria, haciendo referencia a la circunstancia que hasta ahora en nuestro país cobrábamos servicios y tributos que, en su condición de turistas, nos pagaban los extranjeros- con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de esa actividad en nuestro país, y que por supuesto, aunque no sea en la proporción de otros destinos, de cualquier manera afecta a nuestra comarca.
De allí la propuesta que en procura de paliar, aunque más no sea de una manera incompleta, esa situación el Ieral (Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea) presentó una propuesta impositiva para favorecer el turismo interno. La misma consiste en dictar normas que hagan posible que los turistas puedan reclamar la devolución de impuestos que abonan no ya los turistas extranjeros, sino los locales. Los autores de la iniciativa sostienen que de esa manera el impacto fiscal se minimizaría por los incentivos a formalizar que generaría y por el impacto en la actividad interna.
La propuesta incluye la deducción o pago a cuenta de ganancias de los impuestos pagados en las compras relacionadas con el turismo, equivalente al IVA implícito en la operación. Habría dos posibilidades: que el turista tome el equivalente del IVA como un pago a cuenta (mayor beneficio para la persona, mayor costo fiscal) o que se lo considere un gasto deducible del impuesto a las ganancias.
De esa manera, según la entidad proponente, el beneficio sugerido compensaría el que los extranjeros reciben, en la mayor parte de los países, cuando pueden recuperar impuestos incluidos en sus compras. El beneficio se instrumentaría solo para pagos con tarjetas de débito y crédito, para incentivar el blanqueo de las actividades turísticas.
Una cuestión nada fácil de aclarar es la de definir qué actividades abarcar y qué zonas. Es así que se partiría de la premisa que lo lógico sería todo lo asociado directamente al turismo, como restaurantes, hoteles y esparcimiento en localidades "típicamente turísticas" y en períodos de mayor afluencia de visitantes.
De manera complementaria, también se especula que de esa manera se podrían otorgar beneficios en regiones y períodos que permitan direccionar flujos de visitantes con criterios de planificación.
A la vez, economistas consultados acerca de las ventajas de la iniciativa, señalan que resultaría indispensable que el reconocimiento del beneficio debiera ser automático con cada factura, ya que los sistemas de información disponibles lo permiten. Es que sería similar al esquema que existió para las percepciones tributarias en el caso de compras de argentinos en el exterior.
A mayor abundamiento, se señala que en el caso de un turista que paga impuesto a las ganancias (autónomo o asalariado), podrá deducir el gasto en su declaración al cierre del período fiscal correspondiente. Y que en caso que sea una deducción de la base imponible, el ahorro será equivalente a la alícuota que paga de impuesto a las ganancias multiplicada por el beneficio en condiciones de deducir. Es decir, si la alícuota fuera 35%, la persona tendría un ahorro impositivo equivalente a 8,4 puntos porcentuales del IVA pagado sobre sus compras. Y si se tratara de un pago a cuenta, el ahorro impositivo sería equivalente al gasto deducible, con un tope anual de un salario promedio, y si el turista no pagara impuesto a las ganancias (monotributistas o autónomos o asalariados no alcanzados por el impuesto), debería poder acceder a la devolución en efectivo del beneficio.
Como se ve, la propuesta, más allá de su buena intención, resulta de implementación problemática y de resultados inciertos. Máxime teniendo en cuenta el alto nivel de "informalidad" -una manera que pretende aparecer como respetable de hacer referencia a una facturación que no es tal, sino la que muchas veces consiste en un listado borroneado en un pedazo de papel- que volvería renuentes cuando no esquivos a los potenciales beneficiarios.
Es que de esa manera se está, en realidad, en presencia de otro intento bien intencionado, pero de cualquier forma vano, de enfrentar una trampa verdaderamente diabólica que hemos construido y en la que estamos embretados.
Mecanismo que puede describirse comenzando por señalar que al dólar se lo supone menospreciado, con la consecuencia que de esa manera, entre tantas otras cosas, se conspira el ingreso de turistas extranjeros, por motivos similares a los que la posibilidad de importar libremente bienes diversos, sea mucho más restrictiva de lo que se supone. A lo que se debe agregar la observación que, de devaluarse fuertemente nuestra moneda -la expresidente considera que la cotización debía ser de 20 pesos por dólar- se asistiría en parte a una disminución de la cuantía real de los ingresos de los trabajadores, con todas las consecuencias que ello implica, incluyendo el arrojar a otro gran número de personas debajo de la línea de pobreza.
Ninguna duda cabe que una disminución drástica de la presión impositiva que los argentinos soportamos, redundaría favorablemente en la competitividad de nuestra economía en el orden internacional, así como en el interno. Basta mirar una factura de consumo eléctrico domiciliario, para ver que en la misma se desagrega una larga lista de ítems, entre los cuales lo que es estrictamente "la tarifa del servicio" aparece como escondida detrás de una enmarañada serie de tributos.
Pero una caída brusca de esa presión tributaria debe considerarse como casi utópica, si se tiene en cuenta un desmadre en el gasto público, que es fuertemente deficitario, en gran medida por lo que se paga en concepto de subsidios a distintos prestadores de servicios públicos y lo que se destina a asistencia social.
Dado lo cual, la confiscatoria presión tributaria actual, de no ser reducida con prudencia, puede resultar peligrosa. Así, algunos economistas de una fundamentalista ortodoxia discrepan y reclaman un drástico shock en las variables económicas, dado que consideran que el no abordar la necesidad de poner en caja al gasto público, y en consecuencia no dejar de hacerlo, se traduciría en la necesidad de atender la enormidad del actual gasto público con la emisión de más billetes, con el peligro cierto de un estallido hiperinflacionario. Esa es la verdad de la milanesa, o dicho de una manera menos diferente de lo que aparenta, "hay que tratar de no hacer olas".
