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En su momento se habló –y se sigue hablando- de los Panamá Papers. Ahora se ha comenzado a hacerlo de los Paradise Papers.

En ambos caso se trata de filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) que ponen luz en los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global.

También en ambos caso los documentos materia de la filtración – se trata de más de quince millones- pasaron a estar en poder de la indicada organización luego de que un dúo de reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung las compartiera con aquella.

Un acto, el de ese dúo en principio generoso y en parte consecuencia que semejante volumen de información sobrepasaba las posibilidades que tenían esos periodistas. Una apreciación que se confirma si se tiene en cuenta que en su procesamiento trabajaron más de 380 periodistas de más de 90 medios en 67 países, que han pasado meses examinando esa documentación.

En el caso de los Paradise Papers, se trata principalmente de documentos de un estudio jurídico que tiene su asiento en las en las Islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas muy ricas. Appleby –ese es el nombre de ese bufete- ayuda a sus clientes a reducir su carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates; así como a establecer fideicomisos —que en algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares— en paraísos fiscales.

Es así como se señala que el predominio de clientes de élite de Appleby contrasta con los de Mossack Fonseca, otro estudio jurídico con sede en Panamá – de allí lo de Panamá Papers-, que parecían discriminar menos en lo que a su cartera de clientes se refiere.

Y es del análisis de los Paradise Papers el origen de la información de que Juan José Aranguren, actual Ministro de Energía de la Nación, cuando se desempeñaba como ejecutivo senior de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore. Como también que años después, ya siendo ministro una de esas sociedades ganó trece licitaciones para proveer 650.000 metros cúbicos de gasoil al Estado durante 2016, con una facturación de alrededor de doscientos cuarenta millones de dólares.

La información provocó una explosión mediática, que fue la de un petardo, ya que luego de las aclaraciones del caso solo quedó el recuerdo del ruido y rastros de humo. Es que Aranguren quedó fuera de toda sospecha tras dos informes de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Ambos despegaron al funcionario de un eventual conflicto de interés o una violación de la ley de ética pública.

En forma convergente el propio ministro defendió su actuación y remarcó que nunca tomó una decisión que beneficiara de manera particular a Shell. "Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito", aclaró el ministro en un comunicado. En fuentes cercanas al ministro se agregó que no es ilegal dirigir una compañía offshore y que hace 13 años no tiene más que ver con esas firmas.

La situación vivida por Aranguren no es nueva, ya que de esto no hace mucho el propio presidente Macri fue objeto de una investigación judicial consecuencia de aparecer su nombre en documentos del denominado caso Panamá Papers, circunstancia que todavía se esgrime como argumento de distracción por grupos políticos cercanos a funcionarios de la pasada administración condenados o procesados, presos o eximidos de prisión, por una escandalosa serie de agresiones al patrimonio público que son conocimiento de todos.

Como consecuencia de ello, de casos de mayor envergadura que se siguen jugando en el Brasil, el caso de la cleptocracia gobernante en Venezuela, situaciones sospechosas investigadas en Ecuador, que como en las de Uruguay han provocado el desplazamiento de sus cargos de los respectivos vicepresidentes, hacen que la opinión pública se encuentre altamente sensibilizada frente a sospechas de situaciones anómalas de este tipo.

Algo que debe considerarse en principio como positivo, ya que no se acabará con la corrupción endémica en muchos de los países de nuestra América latina, sino se vuelve permanente la presión de la opinión publica en la denuncia y en la vigilancia del avance de las investigaciones acerca de este tipo de acciones. Pero de cualquier manera, esa atmosfera de densa ausencia de credibilidad traducida en sospecha y desconfianza respecto a nuestra dirigencia política, empresarial y sindical –lo que por otra parte se recalca que es explicable- puede llevar a que se produzca la transformación del principio de presunción de inocencia que es uno de los fundamentos de nuestros Estados de derecho, en precisamente lo opuesto, es decir que toda persona acusada de un delito, debe tenerse como su autor hasta que ella –y no los que denuncian- prueben lo contrario.

Debemos, antes de proseguir, hacer una aclaración, para señalar que el principio de "presunción de inocencia" y el de "in dubio pro reo" si bien son similares y por ello pueden confundirse, se trata de dos cosas distintas.

Ya que el de la presunción de inocencia es un principio que juega hasta el momento en que en un juicio constitucionalmente válido, se recolectan las pruebas. Y solo a partir de allí, ese principio dejaba de jugar, para entrar a hacerlo el segundo, el que se aplicará cuando esa prueba recolectada no sea suficiente para ir más allá de la simple sospecha.

Que se de esta confusión, pero por sobre todo que se trastoque el principio de presunción de inocencia transformándolo en su opuesto, colocándonos a todos en la situación de que se nos tenga por culpables hasta que demostremos lo contrario, es demostrativo de lo bajo que hemos caído, transformando nuestra realidad en la del discepoliano cambalache, ya que no solo pareciera que "los inmorales nos han igualado", sino que todo es igual y nada mejor" y que "vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados".
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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