Su omisión a lo dispuesto por la Ley 3.886, que reglamenta la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales desde 1953, consta en un informe que la Contaduría General elaboró el mes pasado y entregó al autor de estas líneas como respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
Se trata de 18 folios en los que figuran con nombre y apellido quiénes informaron sobre la conformación de sus respectivos patrimonios y también aquellos que, como Rodríguez Allende, incumplieron con la carga pública que les impone la norma mencionada anteriormente.
La falta del interventor del EPRE aparece detallada en el segundo de los cuatro folios necesarios para mencionar a los 254 funcionarios que integran la Gobernación y sus dependencias directas. Rodríguez Allende ocupa el renglón 45 de la hoja, que tiene en su margen superior derecho un sello de la Contaduría General con el número cinco en su interior.
En la columna de la izquierda puede leerse textualmente: "Ente Pcial Regulador de la Energía E.P.R.E". En la siguiente aparecen el nombre y los apellidos del funcionario, en tanto que la de la derecha, destinada al número de recibo oficial, está vacía. Eso constituye una muestra irrefutable de que el interventor del EPRE no presentó su declaración jurada de bienes. De lo contrario la Contaduría General de la provincia le hubiera extendido una constancia para certificar la recepción del sobre lacrado en el que cada funcionario debe introducir el formulario con el que detalla el patrimonio del que dispone.
Fue lo que sucedió, por ejemplo, con Jorge Abel Rodríguez, que es subinterventor del EPRE. Su nombre apareció dos renglones después del asignado a Rodríguez Allende, aunque a diferencia de su jefe, le otorgaron el número de recibo oficial 2025.
El dato adquiere relevancia porque antes de su llegada al EPRE Rodríguez Allende prestó servicios en la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP), un organismo que depende de la Fiscalía de Estado. Se lo nombró en planta permanente con un cargo Categoría 4 Rango Profesional C.
Su ingreso fue dispuesto mediante el decreto 238/05 GOB, fechado el 2 de febrero de 2005 y firmado por el ex gobernador Jorge Busti. El nombramiento de Rodríguez Allende fue retroactivo al 1 de enero de ese año. Diez meses después llegó al EPRE, que por entonces tenía como interventor a Francisco Taibí. Su adscripción fue confirmada a través del decreto 8.229/05 GOB, fechado el 14 de diciembre de 2005 y publicado el 9 de junio del año siguiente en el Boletín Oficial.
En esa condición continuó hasta el 17 de diciembre de 2013, cuando el ex gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto 4.729/13 GOB, que convirtió a Rodríguez Allende en la máxima autoridad del ente. Y su continuidad en el cargo fue ratificada por Bordet. Que el interventor del EPRE no haya presentado su declaración jurada de bienes también adquiere relevancia porque ejerce la defensa del Urribarri y su familia, que están siendo investigados desde diciembre pasado por presunto enriquecimiento ilícito.
La denuncia promovida por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que se basaron en un informe periodístico difundido por la revista Análisis, recayó en los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo.
Entre otras medidas los representantes del Ministerio Público Fiscal ya recabaron información sobre los contratos que las empresas Next SRL, Tep SRL y Formato Urbano –ligadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri-, celebraron con el Poder Ejecutivo entrerriano y también con varios municipios.
