“Han elegido el momento donde probablemente los entrerrianos estemos convocados para elegir autoridades, para que esto tenga alguna incidencia. Cosa que tampoco es buena. No se debe presionar a la Justicia, a las instancias parlamentarias con estas cuestiones porque le restan el valor y la credibilidad ante la opinión pública”, dijo el letrado en referencia a la causa “de la vaca” que tiene fecha de juicio para julio y agosto de 2019.
Esta semana se conoció que el juez de Transición N° 2 Gustavo Maldonado rechazó el planteo para que su defendido, Urribarri, no sea llevado a juicio en el caso de la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA, de Germán Buffa. En la misma causa está procesado por supuestas negociaciones incompatibles el exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, quien es defendido por el abogado Ignacio Díaz. Tanto Urribarri como Báez, a través de sus abogados, plantearon ante Maldonado que no podían ser llevados a juicio atento a que está pendiente de resolución en la Cámara de Diputados el pedido de desafuero formulado en mayo de este año.
En relación a la causa por la contratación, en 2011, de la firma Global Means SA, Barrandeguy Barrandeguy planteó que “es prácticamente insignificante” y criticó la decisión que tomó el juez Maldonado.
“El magistrado entendió que debía pedir el desafuero de Urribarri, lo pide. El expediente que tramitaba queda separado del original, y queda por otro lado, para elevar a juicio, la del empresario Buffa. El magistrado eleva a juicio y el tribunal le devuelve, le declara la nulidad y le dice que debe corrernos vista del informe del fiscal. Nos corre vista, y nosotros le decimos: ´Usted ha mandado a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero, y acá se debe esperar´”.
En ese marco, el letrado resaltó que “el Poder Legislativo no es el círculo de los vendedores minoristas de algún producto, es nada más y nada menos que uno de los tres poderes de la provincia que tiene el una competencia constitucional y que tiene el expediente para que lo considere”, señaló, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.
“El juez Maldonado no lo hizo bien, porque él tendría que haber pedido el desafuero apenas tuvo la causa con vestigio de que había responsabilidad de legisladores. El viejo Código –Procesal Penal- dice que si usted recibe un requerimiento de instrucción fiscal en contra de un legislador, debe mandar a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero. El juez no hizo esto. Los indagó, contestaron preguntas, los procesó, y nuestros defendidos apelaron. Luego se confirmó el procesamiento y lo remitió a la Cámara. Y ahora parece que no le gusta, quieren aplicar alguna disposición nacional. Obran como que no lo hubieran pedido – el desafuero- y siguen la investigación para adelante”, afirmó Barrandeguy
En ese sentido, comentó que apeló al última decisión del juez Maldonado: “En nuestra apelación le hemos dicho que lo que deben hacer es que si han promovido la instancia de pronunciamiento parlamentaria, esperen a ver qué es lo que dicen”, dijo el abogado del exmandatario.
Barrandeguy resaltó que la Justicia no está teniendo en cuenta que la Cámara Baja aún debe resolver si le quita o no los fueros a los legisladores: “Hay que tener respeto por las competencias constitucionales. Uno no puede decir que en la Cámara de Diputados son todos corruptos, es un poder que está representando a unos 700 mil entrerrianos que han votado, a un fiscal quién lo votó. Hay algunos que hasta son interinos. Se adjudican la atribución de juzgar la mala o buena calidad del Poder Legislativo”.
Enseguida, planteó que ignorar que aún la Cámara Baja debe trata el pedido de desafuero pone en riesgo el procedimiento “porque se van a llenar de notas y contestaciones que lo único que van a conseguir es confundir a la opinión pública”.
El abogado defensor del presidente de la Cámara de Diputados también hizo referencia a la causa por supuesta distribución irregular de publicidad callejera, entre 2010 y 2015, por un monto de $24 millones en la que, según la Fiscalía, salieron beneficiadas empresas ligadas al cuñado de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
Esta causa ya tiene fecha de juicio: del 29 de julio al 27 de agosto de 2019.
Al respecto, Barrandeguy consideró que no fue prudente que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) haya fijado fecha de debate cuando, también en este expediente, la Cámara de Diputados no resolvió respecto del pedido de desafuero formulado por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.
Pero el letrado no se quedó ahí, sino que también observó que la fecha del juicio se da en el medio de las elecciones. “Han elegido el momento donde probablemente los entrerrianos estemos convocados para elegir autoridades, para que esto tenga alguna incidencia. Cosa que tampoco es buena. No se debe presionar a la justicia, a las instancias parlamentarias con estas cuestiones porque le restan el valor y la credibilidad ante la opinión pública”, entendió Barrandeguy.
El abogado remarcó que las decisiones tomadas por Urribarri en el marco de los expedientes judicializados cuentan con el respaldo de los organismos de control, que no detectaron irregularidad alguna. “Lo que no se habla es que todos los actos administrativos fueron aprobados por la Secretaría Legal y Técnica; el gasto fue aprobado por la Contaduría General, por la Tesorería; el gasto no fue objetado por la Fiscalía de Estado, que incluso confirmó que era legítimo; el gasto fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y por la Cuenta General del Ejercicio”.
En ese sentido, observó que la Fiscalía no tuvo en cuenta lo efectuado por los organismos de control. “¿Esto tendrá algún valor o seguimos prelacionando la opinión de un fiscal que detecta que por allí hay cierta simpatía social con la idea de condenar legisladores?”, se preguntó.
“Lo importante parece que alguien sacó una foto de una vaca y la presentó para cobrar”, agregó, en clara alusión a la causa por la presunta distribución irregular, hacia empresas ligadas a Aguilera, de publicidad callejera.
Sobre esta causa, consideró una “barbaridad” los embargos dispuestos por el juez Ruhl por un monto de $26 millones. “Es una barbaridad, sumando los embargos son como 200 y pico de millones sin ninguna razón o fundamento”, planteó.
El letrado también entendió que en este tipo de causas hay instancias administrativas para corregir decisiones. No obstante, reiteró que la Justicia no tuvo en cuenta el rol del organismo de contralor. “Si van a demostrar que Urribarri se puso de acuerdo con un empresario para sacar 50 mil pesos de la Casa de Gobierno y contratar un cartel y que le devolvieran 400 pesos, tengamos en cuenta que previamente debemos cuestionar el resultado de la actividad del control que se pueda haber realizado. Si esto no es así, estamos hiriendo de muerte a la República”.
En ese marco, Barrandeguy refirió que observa un “recorte” sospechoso en las investigaciones por supuestos delitos contra la Administración Pública y que siempre involucra a dirigentes o funcionarios del Partido Justicialista. “La fecha de corte es del 2003 al 2015”, se quejó.
“Y si miran un poco para atrás. Por qué no miramos desde el 30 de octubre del ‘83 para acá los gastos que ha hecho la democracia. Por qué no miramos cómo se adquirió el frigorífico de Santa Elena y cómo se lo vendió; podríamos mirar la obra pública durante el primer gobierno del gobernador Montiel,; podríamos mirar una cantidad de cuestiones que pasaron durante el gobierno del contador Moine. Deberíamos mirar todo”, puntualizó.
Consultado sobre quién cree que ha dispuesto investigar, según su visión, sólo a dirigentes vinculados al peronismo, sostuvo: “No sé quién. Pero no tenga ninguna duda que si tuviera una seria evidencia de que fue alguien, lo denuncio a los medios”, afirmó.
En ese marco, Barrandeguy aludió a la causa de los contratos truchos de la Legislatura: “Se podría concluir que todos los legisladores durante toda la etapa de la democracia tuvieron contratos de este tipo. Lo que no está bien es que sustraigamos de ese universo a unos y otros no”, dijo.
Por último, consultado si presentarán algún planteo para que se modifique la fecha de juicio en la causa de la distribución millonaria de pauta callejera, respondió: “Nosotros no vamos a presentar nada, vamos a esperar a ver qué dice la Cámara de Diputados. Si la Cámara no dice nada, yo como abogado agarraré mi valija y la llenaré de la prueba y el 31 de julio me sentaré en el pupitre”.
