La medida está contenida en el decreto N° 700, del viernes 10, firmado por la intendenta Blanca Osuna; el secretario de Planificación, Guillermo Federik; el secretario de Hacienda, Nicolás Brunner; y el secretario legal, Dante Hugo Molina.
La rapidez de la decisión fue llamativa: el decreto se firmó el viernes, con vigencia a partir de la 0 hora del sábado. En medio, no ocurrió ninguna difusión masiva de la determinación de modo que los usuarios, al pretender pagar el boleto en la mañana del sábado, estuvieran alertados del aumento resuelto.
Nada de eso ocurrió: el aumento fue compulsivo, resuelto entre gallos y medianoche, y sin ninguna explicación razonable. El único que abrió la boca fue el titular de Transporte, Héctor Bergara, pero sólo para justificar el tarifazo, y de muy mal modo: dijo que la idea era que el aumento se aplicara desde el domingo, pero como las empresas adecuaron sus equipos en forma rápida, entró en vigencia de modo anticipado, desde el sábado.
El decreto firmado por Osuna no echa ninguna luz al asunto. Argumenta que las empresas Ersa Urbano y Tranporte Mariano Moreno, las firmas que monopolizan el servicio de transporte en Paraná, han cumplimentado con el requisito de presentación de la fórmula polinómica pertinente, pero en ningún momento da cuenta de cuáles son los números que manejan las empreseas, y cuáles los que tiene en sus manos la Municipalidad.
Luego, agrega a modo de argumentación que a los efectos de un estudio comparativo que al parecer hizo la ciudad, y no las empresasse han recabado datos respecto de las escalas tarifarias vigentes en otras ciudades, aunque ninguna bordea los $6 el boleto general, como ahora rige en Paraná.
Así pues, y como ocurre desde 2006, cuando el exintetndente Julio Rodolfo Solanas resolvió quitar del medio de la discusión del boleto al Concejo Deliberante, el Ejecutivo decidió tomar la decisión de modo inconsulto.
De ese modo, dice el decreto, sometida la documentación para su evaluación y análisis por parte de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, según lo indica la normativa vigente, se concluye que resulta justificado disponer una actualización de los valores actuales, teniendo en cuenta las variaciones en los costos y la consecuente alteración de la ecuación económica financiera soportada por las empresas prestatarias del servicio desde el último incremento otorgado, que fue en abril de 2014.
Agrega, además, que en el referido estudio el decreto no puede establecer qué estudiose ha tenido en cuenta la situación de los beneficiarios del boleto obrero. No explicita de qué modo: el tarifazo dispuesto por la Municipalidad autorizó una suba del boleto obrero del 30%: pasó de $ 2,50 a $ 3,25.
Al final, el decreto N° 700 del aumento del boleto dedica un párrafo de la argumentación a tranquilizar conciencias: dice que deviene necesario resultar que, tal como se viene ejerciendo desde el inicio de esta gestión de gobierno, la medida a adoptar será acompañada por una mayor rigurosidad en el control de las frecuencias y prestación en condiciones del servicio público en cuestión.
Raro: en lo que va de la gestión Osuna la mesa del transporte, convocada en 2012, casi nunca operó; el control satelital por GPS, que iba a estar a disposición de los vecinos para monitorear la calidad del servicio, no funciona; y las unidades de colectivos pasan por las paradas con la frecuencia que impone el bolsillo de las empresas, sostiene Entre Ríos Ahora.