La operación que tiene por protagonistas a dos integrantes de la familia Cresto está respaldada por un contrato de alquiler que viene de la gestión municipal anterior, cuando el intendente era el actual gobernador Gustavo Bordet.
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En efecto, allá por febrero de 2015, los operativos de control del tránsito habían provocado un sustancial incremento del secuestro de motocicletas, que el Municipio debía mantener a resguardo.
Fue en este contexto que la comuna salió a buscar galpones y los caminos condujeron a un propietario conocido: Juan Carlos Cresto, hijo del ex intendente de igual nombre y hermano del actual, Enrique Tomás Cresto.
El alquiler fue pactado por tres años, hasta el 31 de Enero de 2018, por lo que está a punto de vencer.
Los montos mensuales de la locación tomaron como base de cálculo una inflación que rondaba el 30% anual. En el primer año, Cresto recibió $ 18.150 mensuales; en el segundo año $ 23.595 y en el tercero $ 30.673 mensuales.
El reciente Decreto 040/2018, mediante el cual Enrique Cresto viabiliza el trámite para que Juan Carlos (h) cobre otro mes, revela que la comuna está atrasada en los pagos, puesto que los 30.673 serán imputados a saldar el mes de octubre. En el contrato rubricado por Bordet, el municipio se obligaba a abonar "dentro de cada mes correspondiente al mes adelantado".
Además de saldar los tres períodos pendientes (Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero de 2018), el intendente Enrique Cresto deberá resolver por estas horas si deja caer definitivamente el contrato que vence el 31/01 o si resuelve firmar uno nuevo con su hermano, que le permita a la comuna seguir empleando las instalaciones del galpón de Carretera La Cruz, ubicado a metros de la Defensa Sur.
En caso de elegir esta última opción, queda por ver cuál será el nuevo precio del alquiler que negociarán ambos Cresto, uno en el rol de intendente y el otro en el de propietario.
