Si bien la causa pareciera tener poco que ver con la figura de Sergio Urribarri, las derivaciones del caso permiten conectar una serie de hechos que tienen como puente a los vínculos del exgobernador entrerriano con su par formoseño, Gildo Insfrán, y la empresa que controla el juego en Entre Ríos y Formosa, NeoGame del empresario Jorge Aníbal Pérez.
Qué investiga la causa
Vanderbroele está señalado como el “testaferro” de Amado Boudou en este caso que involucra maniobras fraudulentas para adquirir la empresa Ciccone, cuando el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner ocupaba el Ministerio de Economía. La causa ya tramita la instancia de juicio oral y público y es la primera vez que decide declarar, bajo los privilegios que le otorga su calidad de “arrepentido”.Se investiga el pago de Coimas y Negociaciones incompatibles con la función pública, en un caso que también tiene imputados al amigo y socio de Boudou Núñez Carmona, y la sospechosa sociedad “The Old Fund”, empresa que intervino en el levantamiento de la quiebra de la firma Ciccone. Según la Justicia, este fondo de inversión se creó para quedarse con la empresa que luego fue “contratada por el Estado para la im¬pre¬sión de bi¬lle¬tes y do¬cu¬men¬ta¬ción ofi¬cial”: la firma impri¬mió las bo¬le¬tas elec¬to¬ra¬les de Cristina en 2011, y fue contratada pa¬ra im¬pri¬mir 160 mi-llo¬nes de bi¬lle¬tes de cien pe¬sos, por un cos¬to de 140 mi¬llo¬nes de pesos.
Los nexos con los Casinos
Vandenbroele confesó ante el Tribunal que la maniobra fue impulsada por Nuñez Carmona y que pretendía, además de quedarse con la “fábrica de billetes”, frenar la posibilidad que el grupo Boldt se quedara con la empresa Ciccone. El arrepentido confesó que “Boudou le había comentado de una empresa llamada Boldt (empresa del juego en la provincia de Buenos Aires) y que el Gobierno estaba interesado en evitar que Boldt se hiciera con Ciccone", dijo.La firma Boldt le disputa el terreno del millonario negocio del juego a las empresas de Cristóbal López y sus diferentes tentáculos provinciales y regionales. Es en este cruce de intereses donde las maniobras de creación de The Old Fund tuvieron lugar en Formosa, el feudo que controla Gildo Insfrán desde hace más de 20 años. Allí fue donde desembarcó el grupo NeoGame, parte del Tango Game Group, un poderoso holding con negocios vinculados al juego, las tragamonedas y los Casinos que llegan hasta Las Vegas misma.
El grupo NeoGame tiene como uno de sus accionistas a Jorge Aníbal Pérez, el empresario que fue imputado por el delito de dádivas tras prestarle el AUDI A1 O km. al entonces Gobernador Sergio Urribarri. Es el mismo Pérez quien controla Canal 9 Litoral en Entre Ríos (además de Canal 10 de Mar del Plata, lugar al que muchos remiten los contactos y la amistad del grupo con Boudou y Nuñez Carmona, ambos nacidos y criados en “La Feliz”) y una larga lista de salas con más de 1800 máquinas tragamonedas en tierras entrerrianas. Esta expansión y crecimiento del grupo NeoGame fue posible gracias a la famosa “Ley de Turismo” que disfraza el creciente proceso de control privado del juego en Entre Ríos que promovió el mismo Urribarri.
El grupo NeoGame pisó tierra firme primero en Formosa, donde controla el lujoso hotel-casino NeoFormosa para luego cruzar la frontera y desembarcar en Entre Ríos donde controlan el grupo mediático NeoMedia y el Hotel NeoMayorazgo, entre otras tantas propiedades 4 y 5 estrellas en las que funcionan muchos de los casinos del grupo.
¿Quiénes financian a la política?
Esta pregunta, tan amplia como profunda, va de la mano con la llamativa expansión de las empresas del juego tanto en Formosa como en Entre Ríos. Son los mismos capitales, de sociedades varias con nombres diversos, que reúnen más o menos los mismos nombres de siempre. Jorge Aníbal Pérez, Miguel Marizza (el empresario de la construcción favorito de Urribarri que edificó la sala de juegos de Pérez en el NeoMayorazgo, o que asentó su local bailable en la misma propiedad de Pérez), o Alejandro Vanderbroele, quien llegó a reconocer que crearon The Old Fund para enmascarar la inversión del Banco Macro (de Jorge Brito) en la compra de Ciccone y (esto no lo dijo) la inyección financiera necesaria para la expansión del Tango Game Group que contiene a NeoGame.Si bien aún no se han establecido conexiones definitivas entre las sociedades involucradas, cada vez queda más a la vista que la llegada del grupo NeoGame para tomar control total del juego en los Casinos y nuevas salas de Entre Ríos está en directa relación con los vínculos de Urribarri con Gildo Insfrán. La maraña de sociedades que transitan bajo la superficie en el mundo del juego tienen omnipresentes en todo momento a dos figuras fuertes que por ahora se muestran “opacas” a la luz pública pero que podrían cobrar notoriedad en la medida que los fiscales avancen en la investigación de los nexos entre la financiación electoral de la aventura del “sueño entrerriano” y las empresas que controlan el juego. Allí aparecen nexos claros entre NeoGame (Pérez), el crecimiento de los medios del grupo en Entre Ríos, y Jorge Brito (Grupo Macro) y el resto del Tango Game Group que también abarca a la firma NewTronic, dueña del software que usan las máquinas tragamonedas que están dispersas por toda la geografía entrerriana y que tuvo contratos millonarios con el kirchnerismo, entre otros rubros, en la provisión de netbooks del programa Conectar Igualdad. En esa telaraña de sociedades y grupos, la decisión de Urribarri de abrirle las puertas al grupo en Entre Ríos tuvo sus retribuciones, hoy indagadas judicialmente.
Por si fuera poco, esta semana Urribarri afronta dos instancias judiciales difíciles: la causa conocida como “La Vaca” donde los diversos carteles que dijo haber pagado el Gobierno de Urribarri a la empresa de su cuñado Juan Pablo Aguilera muestran, en todas las fotos, a la misma vaca confirmando que se trata de un fotomontaje y que ni siquiera se construyeron los carteles que costaron $24 millones a los entrerrianos. La semana siguiente Urribarri también tendrá que dar explicaciones por otra causa complicada: deberá tratar de zafar en la instancia de apelación del caso en el que pagó más de $110.000 de publicidad oficial a una empresa fantasma de Germán Buffa, que fue creada dos meses más tarde que se emitiera la orden de pago del Gobierno provincial.
