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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó, a través de un comunicado enviado a El Entre Ríos, su repudio al “tractorazo” realizado el pasado lunes en las oficinas de la Delegación Chajarí de la Dirección Departamental del Trabajo, por la Asociación de Citricultores, el Centro de Actividades Económicas de Chajarí y representantes autoconvocados de sectores de la producción e industria. Sostuvieron que la “violenta movilización”, que se realizó bajo la premisa de la existencia de una “industria del juicio”, “representa un curso de acción intolerable en el marco institucional de un Estado de derecho”.

Y precisaron que “constituye una indisimulada amenaza a los trabajadores y trabajadoras, a la abogacía laboralista y, por extensión, a la profesión toda. Y su expresa intención es obstruir cualquier tipo de reclamo que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a realizar por el fundado temor de quedarse sin trabajo o, directamente, ser violentados en su integridad psicofísica”.

Agregaron, además, que “en esta oportunidad, las amenazas se extendieron, además, a los operadores del servicio de justicia quienes fueron atacados mediante manifestaciones injuriosas. Por ello, instamos a las asociaciones representativas de Magistrados y Funcionarios a acompañar nuestra posición”.

Por ello, desde CAER el apoyo incondicionado a los profesionales de la abogacía, bregando por su libre ejercicio, y requiere a las autoridades provinciales que se garantice el ejercicio de la abogacía, ya que sin abogacía no hay justicia.
Repudio a la violencia
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió “la violencia a la cual se vieron expuestos los colegas que se desempeñan en la Delegación Federación de la Dirección Provincial del Trabajo y manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores de dicha dependencia, que se vieron violentados por el proceder de quienes lideraron la protesta”.

Además, el CAER ratificó su defensa continua a los trabajadores y trabajadoras. “Este Colegio recuerda que la evolución progresiva de la tutela efectiva del trabajador incluye todos y cada uno de los aspectos del contrato de trabajo, entre ellos la protección de la dignidad de la persona humana y que el Estado Argentino ha asumido la obligación de adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos y sociales”.

“El trabajo registrado es una obligación. Los abogados no sancionamos las leyes, solo somos el vehículo que tienen las víctimas y los damnificados para hacerlo valer ante la Justicia”, concluyó el comunicado.
Fuente: Prensa CAER

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