Y precisaron que “constituye una indisimulada amenaza a los trabajadores y trabajadoras, a la abogacía laboralista y, por extensión, a la profesión toda. Y su expresa intención es obstruir cualquier tipo de reclamo que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a realizar por el fundado temor de quedarse sin trabajo o, directamente, ser violentados en su integridad psicofísica”.
Agregaron, además, que “en esta oportunidad, las amenazas se extendieron, además, a los operadores del servicio de justicia quienes fueron atacados mediante manifestaciones injuriosas. Por ello, instamos a las asociaciones representativas de Magistrados y Funcionarios a acompañar nuestra posición”.
Por ello, desde CAER el apoyo incondicionado a los profesionales de la abogacía, bregando por su libre ejercicio, y requiere a las autoridades provinciales que se garantice el ejercicio de la abogacía, ya que sin abogacía no hay justicia.
Repudio a la violencia
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió “la violencia a la cual se vieron expuestos los colegas que se desempeñan en la Delegación Federación de la Dirección Provincial del Trabajo y manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores de dicha dependencia, que se vieron violentados por el proceder de quienes lideraron la protesta”.Además, el CAER ratificó su defensa continua a los trabajadores y trabajadoras. “Este Colegio recuerda que la evolución progresiva de la tutela efectiva del trabajador incluye todos y cada uno de los aspectos del contrato de trabajo, entre ellos la protección de la dignidad de la persona humana y que el Estado Argentino ha asumido la obligación de adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos y sociales”.
“El trabajo registrado es una obligación. Los abogados no sancionamos las leyes, solo somos el vehículo que tienen las víctimas y los damnificados para hacerlo valer ante la Justicia”, concluyó el comunicado.