El viernes 20 de enero, Almada se presentó ante la Justicia Federal de Paraná para reclamar que le devuelvan los $374 mil que, afirma, son producto de su capacidad de ahorro. La presentación la formalizó a través de sus abogados, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.
El juez federal de feria, David Chaulet, decidió no hacer lugar a la pretensión y por esa razón la última palabra la tendrá el juez Federal Leandro Ríos.
Consultado al respecto, Cullen señaló que "el juez Chaulet nos dijo no ha lugar, y que hagamos el planteo ante el juez natural, que es Leandro Ríos. Seguramente esto se resolverá después de la feria judicial". La feria termina este miércoles 31 de enero.
Relaciones entre la familia Urribarri, Aguilera y Almada
Almada no sólo es empleado de la Cámara Baja provincial. También se lo conoce porque es el cuñado de Juan Pablo Aguilera, y por ser socio de la empresa Next SRL, que está siendo investigada por la Justicia provincial por haber sido beneficiada con contratos entre 2010 y 2015.
Aguilera, a su vez, es cuñado del exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ya que es hermano de la esposa del legislador, Ana Lía Aguilera. Además, es parte de la familia Almada, porque su pareja, Belén, es hermana del empleado de la Cámara que reclama que le devuelvan el dinero que está bajo investigación.
Pero la historia del vínculo entre estas familias no llega hasta ahí. El padre de los Almada es un exsubcomisario de la Policía de Entre Ríos con una historia más propia del mundo del hampa. Su nombre es Héctor 'Pitín' Almada y se lo conoce por haber participado de la fuga del ex policía Carlos Balla, quien fuera condenado por el secuestro y asesinato del escribano Rubén Calero, hecho ocurrido en 1991. Almada fue exonerado en 1991 por su rol en la fuga de Balla. Sin embargo, en 2007 el entonces gobernador Jorge Busti lo reintegró a la fuerza y lo ascendió al grado de comisario general. El decreto quedó registrado bajo el número 4444, del 23 de agosto de 2007.
Publicidad en la mira
Hasta este caso, Alejandro Almada pasaba inadvertido para la gran mayoría de la sociedad entrerriana. No obstante, su nombre aparece en una causa judicial en la que está imputado por fraude a la Administración Pública, junto Urribarri, Aguilera, ex secretario de la Cámara de Senadores y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura. También están acusados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada (hermana de Alejandro), de las firmas TEP SRL y Nexto SRL.
En septiembre de 2016, la fiscal Patricia Yedro dio el primer paso al imputarlos a todos en la causa que investiga el supuesto desvío de publicidad oficial en beneficio de las empresas de cartelería que se le adjudican a Aguilera, Tep SRL y Next SRL. La imputación dice que entre 2010 y 2015 "Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar".
