En diálogo con El Entre Ríos, Carbó contó cuáles son sus impresiones tras el juicio, cargó contra Busti y habló sobre las víctimas de la represión de 2001.
¿Cómo interpreta que el juicio se haya producido 14 años después de iniciada la causa?
"Primero me parece que hubo una obstinación de la Fiscalía en mantener una causa donde sólo había conjeturas, y ninguna prueba. Lo señalamos desde el principio, por ahí estuvo la falla; y el plazo para producir prueba con un grado de certeza, ya estaba superado. La causa duró más de 14 años, con el dictado de un proceso totalmente injusto. Creo que el fallo de ayer vino a poner las cosas en su lugar. Se había perdido todo marco de razonabilidad".
Usted menciona a la Fiscalía. ¿Pero ése también debería ser un mensaje para todo el sistema judicial?
"Sin lugar a dudas, creo que acá hay que revisar todo el funcionamiento por parte del Estado. Esta fue una situación abusiva porque sin haber hecho nada, uno termina estigmatizado por una cuestión sostenida durante muchos años. La justicia a destiempo no es justicia".
Contra Busti
Ni Carbó ni las defensas de los otros exfuncionarios radicales enjuiciados dejan de remarcar que la denuncia que inició el expediente fue hecha en el marco de la campaña electoral para gobernador de Jorge Busti: "El mismo decreto que cuestiona (Busti), es reformado por él después (corrigiendo el número de DNI de unos de los trabajadores regularizados). No hubo daño, no hubo lesividad, no hubo acción civil, no hubo observaciones ni por Contaduría ni por Tribunal de Cuentas. Era un decreto normal, pasó que sobre eso se generó una cuestión política", afirma Carbó.
Sin pruebas
"No hay ninguna prueba conducente, al contrario todas las pruebas indicaban que el decreto estaba bien hecho", pone de relieve después en diálogo con ElEntreRíos, quien recordó el propio Tribunal ayer, fue Ministro hasta agosto de 2002, o sea que no ocupaba el cargo en la fecha que según fiscalía se firmó el decreto en cuestión.
La ampliación de la sentencia se conocerá el próximo martes.
La impunidad y las víctimas de la represión policial del 2001
Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Rodríguez murieron en Paraná como víctimas de la represión policial en el marco de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, en momentos en que asolaba al país una fuerte crisis social, económica y política.
Solamente en un caso se condenó al autor material, el cabo Silvio Martínez, quien disparó con su pistola 9 milímetros contra Eloísa que tenía 13 años y que fue a pedir comida a un supermercado en calle San Juan de Paraná. Los restantes casos siguen impunes.
"Me produce una gran tristeza todo, fueron realmente significativos y lamentables para todos esos hechos. Más allá de eso, creo que no hay ninguna vinculación del poder político de la época con esos episodios en particular", dice Carbó cuando se le pide que reflexione al respecto.
"No hubo órdenes en ese sentido, de ninguna manera", insiste ante la repregunta y rememora que ese día – el 20 – "estábamos en Buenos Aires con Sergio Montiel con la despedida del expresidente Fernando De La Rúa". "Si hubiese habido algo - calcule que por un decreto nos tuvieron 14 años – por algo asó lo que hubiera pasado".
Trajo a colación además que se hicieron peritar todas las armas de quienes estuvieron afectados en la zona de Walmart, donde murió Romina de 15 años, cuando tomaba mate dentro en la casa de su prima y una bala pegó en su cabeza.
"La bala no era de la fuerza de policía, no se comprobó que hubiera algún arma de la fuerza policial, y las fuerza tenía la orden de actuar sólo por indicación judicial. Ojalá se resuelva algún día y sepamos cómo fue", concluye.
El cuerpo de José Rodríguez de 25 años fue encontrado días después de los sucesos de diciembre, detrás del supermercado Walmart, en el Parque Nuevo de Paraná debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado.
