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Este jueves 7 de diciembre no será un día más para Concepción del Uruguay. La sesión del Concejo Deliberante programada para la noche podrá sepultar definitivamente el denominado "Megaproyecto Turístico Integral" que comprometió durante los últimos 8 años parte importante del patrimonio público de la ciudad. Será el final de una larga historia llena de presiones, negociados, traiciones a la voluntad popular y connivencias que coexistieron para sostener el proyecto que tiene como cara visible al cuestionado empresario Miguel Marizza.

El fin de la historia


Este jueves el Concejo Deliberante aprobará el Acuerdo Mutuo de Rescisión Contractual que pone fin a la aventura empresaria y al vínculo entre el Municipio de Concepción del Uruguay y la firma Entretenimientos de la Costa. Será el final de una larga historia repleta de irregularidades en las que el poderío empresario mostró a cada paso su poder de condicionamiento ( y connivencia) con el poder político que sostuvo durante 8 años un proyecto que la ciudad rechazó desde el minuto cero.

En lo formal, las dos partes convienen dejar sin efecto cada uno de los compromisos contractuales y clausurar todo vínculo que los mantenía ligados desde la licitación 04 del año 2010. De este modo, cuando el Concejo Deliberante apruebe el Acuerdo en las próximas horas la comunidad de Concepción del Uruguay se habrá desprendido de una vez y para siempre de los lazos que la mantenían atada a un grupo empresario voraz, que intentó quedarse con dos de los principales inmuebles de la ciudad para impulsar su imperio del juego.


El día que el poder perdió


La iniciativa de Entretenimientos de la Costa creció al calor del poder político. En 2009 el mismo gobernador Urribarri y el Intendente Bisogni acompañaron el lanzamiento del proyecto que se hizo con bombos y platillos en Concepción del Uruguay. Desde entonces, mientras se conocían los reales intereses del grupo empresario que pretendía convertir a la ciudad en la Meca del Juego entrerriano, una fuerte resistencia ciudadana se organizó para iniciar marchas y manifestaciones que fueron creciendo con el tiempo. Unos pocos medios de comunicación se hacían eco de los hallazgos de la estafa que significaba el proyecto que tenía mucho para ganar por parte de la empresa y escaso o nulo beneficio para la ciudad.

Fueron días agitados de patotas paraoficiales apretando a periodistas y concejales; de ordenanzas condescendientes que debieron votarse a puertas cerradas y con policías custodiando a los concejales cómplices de la maniobra.

Y si bien el poder político local y provincial avaló y sostuvo el proyecto, fue el impulso de vecinos autoconcovados munidos de un altavoz y dos pancartas los que fueron alertando a la comunidad sobre los costados oscuros del proyecto. Después de 8 años de resistencia, finalmente el poder concentrado debió admitir que perdió la batalla y hoy elige retirarse ante el rechazo ciudadano. La ciudad recupera el control de la actual Terminal y el edificio del Mercado 3 de Febrero, y la empresa se queda con el terreno y la construcción a mitad de camino en la zona del Tránsito Pesado.
Se trata de un antecedente que deja a la vista varias aristas: de un lado, la importancia de la defensa del interés público por parte de los ciudadanos. Por otra parte, la necesaria escucha del poder político (en la figura del actual Intendente Lauritto) que decidió hacer lugar a esos reclamos y avanzar con la medida que pone fin al vínculo con la empresa.

Lo que viene


La iniciativa surgida en noviembre de 2009 había contado con el aval y el respaldo del entonces Gobernador Sergio Urribarri y su contraparte local, el entonces intendente Marcelo Bisogni. A eso se sumó el aval del Concejo Deliberante por entonces presidido por Carlos María Scelzi Jr., del "arquitecto jurídico" de aquella licitación infame, Marcelo Fernández Rousseau; y la complicidad de funcionarios como Agustín Bordagaray que se mofaban de los vecinos que reclamaban. Junto con la mayoría de los concejales que levantaron la mano para favorecer al grupo empresario, este nuevo capítulo que pone fin a aquella historia los encuentra en un lugar incómodo, refugiados en cargos de privilegio que los obliga a pedir disculpas públicas o mantenerse escondidos.

Como lo mencionaron los abogados Guillermo Grandi y Carlos Máximo Acosta, dos de los pilares que llevaron el tema a la Justicia, la cadena de responsabilidades no se extingue con el Acuerdo que firmaron las partes. Muy por el contrario, a partir de ahora la Justicia deberá avanzar en la identificación de responsabilidades y habrá que poner nombre y apellido a los funcionarios que mantuvieron de rehén a la ciudad durante los últimos 8 años. Para el homenaje, el reconocimiento y la reivindicación pública quedará el nombre de Fernando Brescacín, un hombre que con su tesón representa las banderas de una ciudad que un día dijo "BASTA" al atropello y los negocios del poder.

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