La propiedad, ubicada en Alameda de la Federación 421, a dos cuadras de Casa de Gobierno, fue alquilada como sede de la Secretaría de Gestión Pública. Pero no se trata de una oficina cualquiera de Paraná: allí funcionó el estudio jurídico que Mizawak encabezó hasta que en 2007 se convirtió en vocal del STJ.
De acuerdo con el decreto, fechado el 7 de julio pasado y publicado recién el 1 de diciembre último en el Boletín Oficial de la provincia, el contrato de locación entró en vigencia el 1 de abril pasado y se extenderá por 24 meses. Pero como no se incluyó el anexo con la copia del convenio eso impidió conocer cuánto pagará el Estado mensualmente.
El documento tampoco pudo verse ayer por la mañana en la página web de la provincia –www.entrerios.gov.ar/portal-, que cuenta con un buscador de decretos que permite realizar descargas. Recién durante la tarde la información estuvo disponible para la consulta pública pero sin el agregado que contiene la letra del acuerdo.
La omisión inicial llevó a este cronista a buscar una copia certificada en la oficina de Decretos, dependiente de la Gobernación y que está ubicada en el primer piso de Casa de Gobierno, equidistante del Salón Blanco y del Salón de los Gobernadores.
También en ese caso la respuesta fue insatisfactoria: se dijo que tampoco ahí estaba disponible el anexo del decreto 1.804/16 GOB y se sugirió buscarlo en la Secretaria de Gestión Pública. Pese a tratarse de información pública, producida y en poder del Estado, los empleados dijeron no contar con autorización para brindar el documento requerido.
Tras arribar al lugar y tocar con insistencia el portero eléctrico, la falta de atención llevó a consultar con el encargado del edificio. El portero ratificó que en la planta baja de Alameda de la Federación 421, pese a la falta de un cartel indicador, funciona la Secretaria de Gestión Pública. Y recomendó golpear fuerte la puerta sin ocultar cierto fastidio.
En los vidrios del local todavía permanecen registradas las letras Ce y Eme, que recuerdan las iniciales de la presidenta del STJ. Por los vidrios puede verse un mostrador de madera, un sofá de dos cuerpos, un sillón y una planta junto a la escalera que lleva a la parte superior.
Es que Elentrerios intentó contactarlo en octubre pasado, cuando supo que la Gobernación le había reconocido los gastos de alojamiento en el Entre Rios Apart Hotel, una firma del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien entones negó haberle facturado a la administración provincial.
Tras los pasos del alquiler
El decreto que lo convalidó fue firmado por el gobernador Gustavo Bordet y su ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Así se puso fin a una gestión iniciada por la Secretaría de Gestión Pública para conseguir "una nueva contratación de locación del inmueble ubicado en Alameda de la Federación 421", según consta en los Considerando de la norma.
Reggi suscribió el contrato en representación del gobierno entrerriano, mientras que Roberto León lo hizo como apoderado de Tomás Arroyo. El acuerdo se refrendó luego de que interviniera el Consejo de Tasaciones de la provincia, que estableció "el valor locativo del inmueble mediante Resolución Nº 4.628/16, de acuerdo a lo manifestado en el informe de inspección y tasación que acompaña la mencionada norma". Sobre el importe en cuestión no hay datos precisos. A través de su tercer artículo el decreto 1.804/16 GOB imputó a dos partidas de la Gobernación la reserva presupuestaria de 232.724 pesos.
Si ese monto se dividiera por la cantidad de meses del contrato arrojaría un importe de 9.696,83 pesos mensuales. Un dato alejado de la realidad, ya que los convenios de locación de inmuebles del Estado provincial reconocen una cifra para los primeros 12 meses y otra mayor para los restantes.
Del trámite no sólo participó el Consejo de Tasaciones. Nada hubiera sido posible sin la intervención de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y de la Contaduría General de la provincia, que también dieron sus respectivos vistos buenos.
Además, a través de su cuarto artículo la norma autorizó a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación "a abonar el canon locativo y demás erogaciones resultantes por aplicación de lo dispuesto en el presente decreto a favor del señor Tomás Alejandro Arroyo, previa presentación de las facturas o recibos correspondientes debidamente conformados, emitidos de conformidad con las normas tributarias vigentes".
Claro que la publicación del decreto generó otras respuestas. Bastó que en la víspera se hiciera un comentario en el programa A quien corresponda, que se emite por FM De la Plaza, para que hubiera una reacción desde el Poder Judicial.
Fue a través de un llamado que el Servicio de Información y Comunicación del STJ formuló a este cronista a pedido de Mizawak, quien se encuentra de licencia. La comunicación fue para decir que a través de un escrito, presentado en marzo pasado, Tomás Arroyo había solicitado la devolución del inmueble que hoy ocupa la Secretaría de Gestión Pública.
Según se indicó, la propiedad había sido alquilada en la gestión anterior al Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones (MEDyPA) y su propietario reclamó no sólo la devolución del inmueble sino también el pago de alquileres vencidos e intereses.
Consultado por este portal, Rodríguez Signes dijo recordar que el Consejo de Tasaciones, que depende de la Fiscalía de Estado, había intervenido en unas actuaciones relacionadas con esa propiedad. Pero pidió más tiempo para dar mayores precisiones.
Puede haber sido para definir un acuerdo extrajudicial o bien el valor del nuevo alquiler que terminó convalidando el decreto 1.804/16 GOB.
Será el fiscal de Estado quien se encargue de despejar las dudas.
