El expediente recayó en sentencia condenatoria -que se encuentra actualmente apelada, por lo que no adquirió firmeza- contra la municipalidad y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, así como de los entonces concesionarios del natatorio.
Según pudo saber El Entre Ríos, la parte demandante manifestó, a través de su nuevo letrado apoderado, la intención de renunciar al juicio y a los derechos que le reconoce la sentencia, a condición que cada una de las partes del proceso afronte el pago de los honorarios profesionales que correspondan a sus letrados.
El trámite de apelación se encuentra cuestionado, tanto por el monto de la condena como la cobertura del siniestro ocurrido por parte de la aseguradora.
Con el objetivo de rubricar el consenso arribado respecto de las otras partes involucradas, se produjo eventualmente la aprobación requerida legalmente, ya que el Ejecutivo entendió conveniente dar instrucciones a su apoderado a fin de suscribir el acuerdo ofrecido en forma condicional, supeditando su vigencia a la aprobación por parte de los ediles.
