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“Lo sabía: no me iban a perdonar que hayamos logrado semejante transformación en la provincia. Una provincia que dimos vuelta como una media”.

De ese modo, el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, solicitó ante el juez de Garantías, Mauricio Mayer, el pedido de sobreseimiento en una causa por supuestos sobreprecios y pago de coimas en sucesivas licitaciones realizadas mientras fue ministro de Gobierno de Jorge Busti y, luego, gobernador, en las que resultó contratada la firma Relevamientos Catastrales SA, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

Desde Israel, vía web, Urribarri sostuvo que las investigaciones penales iniciadas en su contra tienen como objetivo “atacar para borrar de la historia toda nuestra obra”, y aseguró que tras dejar la titularidad del Poder Ejecutivo, en 2015, han sobrevenido para él y su familia “años muy duros”, por “ataques indecibles”. Aseguró ser víctima de un “asedio”.

El actual embajador en Israel se presentó como “un dirigente político que me he desempeñado siempre con mucho esfuerzo personal y familiar y he llevado adelante con responsabilidad los cargos con los que la ciudadanía entrerriana me ha honrado a través del voto”. Y aseguró que en todo el proceso de la causa “siempre he estado a derecho”.

Urribarri negó los hechos que se le imputan y cuestionó la imputación en su contra. “Me pregunto con qué pruebas los señores fiscales pueden sostener que fui yo quien ordenó el inicio de actuaciones administrativas para la contratación de la firma Relevamientos Catastrales”, apuntó. “Los señores fiscales no han podido determinar de qué manera se habrían determinado esos sobreprecios. Ningún organismo de control pudo establecer los sobreprecios. No hay especificación concreta qué acción desplegué para saber de qué defenderme. Se utilizan verbos, o se califican determinadas supuestas conductas, describiendo tipos penales sin relacionar con las pruebas”, cuestionó el exembajador.

Y añadió: “Jamás he actuado de la manera que lo sostienen los fiscales”. Además, dijo que la imputación se hace sobre un período, enero a octubre de 2007, cuando él había pedido licencia como ministro de Gobierno para abocarse a la campaña que lo pondría en la Gobernación al año siguiente. Pero fue enfático en un punto: “Todas las contrataciones fueron absolutamente legales”.
La licencia de Urribarri
“Durante todo 2007 no fue funcionario público”, arguyó su defensor, Raúl Barrandeguy. El argumento busca hacer caer la imputación central de negociaciones incompatibles con la función pública. “No ejerció ningún cargo. Ni siquiera un cargo honorario”, planteó el defensor. Al respecto, recordó que Urribarri pidió licencia en su cargo de ministro de Gobierno el 14 de septiembre de 2006 hasta el 19 de marzo de 2007, fecha en que presentó su renuncia, hasta el 10 de diciembre, cuando asume al frente del Ejecutivo. Pero además insistió que todos los organismos de control aprobaron las contrataciones con Relevamientos Catastrales SA.

“Pedimos el sobreseimiento porque el hecho no ha existido”, observó Barrandeguy.
La causa
En la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia. Estos dos últimos pidieron acceder a una suspensión de juicio a prueba, y resarcir al Estado entrerriano con el pago de una suma de dinero en cuotas, solicitud que fue rechazada por el juez Mayer.

La causa pone la lupa las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.

La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.

Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado- determinaron marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.

Los pagos irregulares incluirían también al propio ex gobernador Sergio Urribarri, a partir de licitaciones iniciadas en 2008, es decir, a poco de asumir la primera administración el actual presidente de la Cámara de Diputados.

En la primera operación con Relevamientos Catastrales habría habido 3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos, en peso argentino de 2008. O sea, un 25 por ciento más en la contratación, por el sobreprecio acordado. Estos últimos directivos mencionados tuvieron activa participación, ya en septiembre de 2007, en la confección de los pliegos de bases y condiciones, para lograr de esa manera ventajas claramente comparativas con relación a empresas competidoras de la licitación, como así también en la preparación del presupuesto oficial de la contratación.

Quienes llevaron adelante el trámite de la licitación pública fueron el entonces director General de Informática, Carlos Haidar y el director general de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, quienes contrataron un “servicio de administración de recursos humanos que permitiera generar un legajo electrónico único, descentralización operativa (interconectado vía web), un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones (diferente normativa), la administración de múltiples beneficiarios, compatibilidad con el SIAF, el rediseño de circuitos administrativos y de documentación, y la generación de reportes”.

Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010. Se insiste: fue algo más de un millón de dólares lo que se distribuyó, se consignó en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

Segundo hecho

En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.

La suma mensual cotizada por la empresa del empresario Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por ocho meses.

La prórroga de ocho meses se habría computado a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la misma era gestionada en febrero de 2010, con lo que se habría producido un incremento patrimonial adicional para la empresa y los funcionarios, por el cobro de meses que no implicarían contraprestación alguna.

La lupa sobre Cardona

Lo que se acordó con los funcionarios provinciales fue una sustracción equivalente a un sobreprecio de 135 mil pesos mensuales, de los cuales los funcionarios percibirían una suma equivalente 105 mil pesos mensuales en concepto de sobornos, siendo el resto distribuido entre los integrantes de la empresa.

Dichas sumas fueron cobradas entre abril y septiembre de 2010. Es decir, que distribuyeron más de 33 mil dólares por mes.
En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con la finalidad parcialmente ficticia de que la provincia adquiriera nuevos desarrollos técnicos relacionados al software de la Licitación de enero de 2008, por un tiempo de diez meses, con una cotización de 180.290 pesos por mes.

Esto es algo así como 57 mil dólares mensuales de ese tiempo. En esta negociación, además de los mencionados Haidar y Ulrich, tomó intervención la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que conducía Diego Valiero, quien aconsejó encuadrar la contratación en la vía de excepción por contratación directa e intervino el Contador General de la Provincia, Aurelio Oscar Miraglio.

Miraglio emitió el dictamen 900, fechado el 9 de noviembre de 2010, dando curso a la tramitación. Por el Decreto 4.437 del Ministerio de Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por contratación directa.

Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el empresario. Durante diez meses, se distribuyeron casi 9.500 dólares mensuales de soborno.

Cuarto hecho y quinto hecho

El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.

Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más.

Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.

En virtud de esta contratación, la Provincia de Entre Ríos pagó a la firma “Relevamientos Catastrales2 la suma aproximada de 17.734.249,40 de pesos tan sólo entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Es decir, más de 5.600.000 de dólares, se denunció también en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri, el principal beneficiado de estas maniobras.

Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Haidar elaboró un presupuesto estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de prórroga por otros seis meses más, en 400 mil pesos mensuales.

La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios en concepto de sobornos.

Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían, aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron depositados en sus cuentas bancarias.

Último hecho

El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri.
El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13.
Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000 pesos.

De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una ganancia extraordinaria para los empresarios.

Ahora, todas estas maniobras tendrán que ser explicadas en detalle ante los fiscales en fechas próximas. Ante los fiscales desfilarán cada uno de los actuales funcionarios mencionados, como así también los que ya no están; pero que aparecieron en los papeles encontrados a Diego Cardona Herreros y en cuentas bancarias investigadas.

Tras la causa iniciada de oficio por la investigación de Análisis, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron un escrito que se anexó al expediente.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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