Según Arias, hay cuestiones "sustantivas" y "procesales" que restan relevancia al "as en la manga" que jugó el abogado defensor del dirigente de AFA Julio Larrocca, el Dr. Jorge Romero, para intentar frenar el juicio: una actuación del año 2015, firmada por Fiscal Jorge Suñer, en la que desestimó la existencia de delito en el reparto de tierras. "Las defensas hicieron referencia a una presentación judicial realizada por el entonces asesor letrado de la municipalidad, el Dr. Julio César Larrocca, luego de que saliera a la luz a través de medios periodísticos la venta ilegal de los terrenos. En esa presentación, que no es una denuncia y por lo tanto carece de la formalidad adecuada para ser tenida como tal, el Fiscal Jorge Suñer, que actuaba en ese momento, procedió al archivo y remitió al Fiscal Coordinador José Costa, para la confirmación de ese archivo. Pero nunca fue confirmado", precisó Arias.
El fiscal que logró ya, en juicio abreviado, la condena para otros 8 imputados en esta misma causa, entre ellos el intendente Cevey y la secretaria María Griselda Brassesco que ya renunciaron a sus cargos, insistió: "En primer lugar hay una cuestión sustantiva: esa presentación no es una denuncia. En segundo lugar hay un argumento procesal: el archivo del caso nunca fue confirmado por el Fiscal Coordinador José Costa". "Además -agregó- el juzgamiento que hoy estamos empezando en este juicio oral encierra varios hechos distintos que aquel que describía la presentación de Julio Larrocca".
- ¿Suñer llegó a investigar a fondo los hechos para llegar a concluir, según su parecer, que no había delito?
- Fue una mera presentación, no una denuncia, y por lo tanto no se le dio trámite. Nunca se inició una investigación ni hubo ningún acto de investigación, sino simplemente se la desestimó como tal.
- Según los defensores Romero y Bacigaluppe, el silencio del Fiscal Coordinador, o la "dejadez" como la calificó uno de ellos, habla de un desinterés por el caso y vendría a confirmar que en los hechos fue archivado.
- Cuando se trata de delitos contra la administración público o de corrupción, requiere necesariamente, porque lo dispone la ley, la confirmación expresa del fiscal coordinador para que una causa se archive, cosa que en este caso no existe. Son cuestiones de política criminal.
Los que están siendo enjuiciados
El juicio oral y público que comenzó este martes, presidido por los jueces Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, tiene como imputados a todos los que no aceptaron firmar el juicio abreviado:- Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;
- Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);
- Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;
- Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);
- Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);
- José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.
- Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador;
- Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador;
- Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.
La trama de la maniobra
Fue una demanda patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet la que movió a la Justicia a poner la lupa sobre lo ocurrido en Puerto Yeruá.Los dos letrados se hicieron eco de la investigación que habían iniciado dos ciudadanos y dirigentes de la localidad, Sebastián Telayna y Aníbal Maschio.
En el relato de los hechos, narraron que "en fecha 14 de junio de 2010, se procede a firmar la escritura de donación número trescientos setenta y cuatro por ante el Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, por la cual el Gobernador de aquella época, Sergio Daniel Urribarri, conjuntamente con el Ministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, donaron a la Municipalidad de Puerto Yeruá (representada en tal acto por su Presidente Municipal, Alejandro Fabián Cevey y su Secretaria Municipal, María Griselda Brassesco) la cantidad de 14 lotes, de acuerdo a la Ley Provincial 8937 y el Decreto 1739 MGJEOySP del 13 de mayo de 2010, donación que es aceptada y así perfeccionado el acto por los comparecientes en carácter de representantes del Municipio de Puerto Yeruá".
En ese mismo día, "sin que medie acto administrativo alguno y/o concurso de precios y/o licitación, y desconociendo cualquier trámite administrativo que autorice al Presidente Municipal de Puerto Yeruá y a su Secretaria, los mismos terrenos fueron 'vendidos' por estas autoridades a los particulares denunciados, mediante escrituras correlativas que van desde el número trescientos cinco al trescientos setenta, inclusive".
Advirtieron que "todos los terrenos fueron vendidos, en el más absoluto silencio por parte de las autoridades municipales, y sin que se tenga autorización alguna por parte del Concejo Deliberante de dicha ciudad, y por lo que entendemos ha sido un precio vil de acuerdo a la superficie, ubicación y valor de mercado de los terrenos en dicha localidad".
Pagaron 11 mil por algo que valdría 334 mil
Pusieron como ejemplo que "en la escritura trescientos sesenta y cinco, se vende el inmueble individualizado por el plano 56.565, cuyos demás datos obran en la referida escritura y a ella me remito en honor a la brevedad, por la suma de PESOS ONCE MIL CINCUENTA ($11.050.-). De acuerdo a la valuación solicitada por el bloque de concejales de Cambiemos del Concejo Deliberante de Puerto Yeruá, que se adjunta, a la fecha de 14 de junio de 2010, el valor del metro cuadrado en el lugar arrojaba la suma de $14,70, siendo el valor real de mercado a dicha fecha TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($334.900), por lo que las autoridades municipales procedieron a vender el lote causando un perjuicio patrimonial al erario municipal".De acuerdo con la presentación, "sobre la venta efectuada por escritura trescientos setenta y seis, María Mercedes Maquiavelo, domiciliada en la provincia de Tierra del Fuego, adquiere un terreno identificado bajo el plano 68665, por la suma de Pesos OCHO MIL VEINTICINCO ($8025), terreno de 1500 metros cuadrados que según la tasación que se adjunta a la fecha de la compra poseía un valor de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($246,250). Tal acto causó un perjuicio patrimonial al municipio superior a los $230.000".
