?No me voy en diciembre. El fiscal de Estado tiene estabilidad. Es cierto que hay una práctica de que cada gobernador tiene su fiscal de Estado. Pero es una práctica nociva para los intereses del Estado?, afirmó el funcionario urribarrista, quien además desmintió en forma tajante que pueda acceder a un cargo en la Justicia: ?Jamás tuvo visos de realidad la posibilidad de que yo fuera al Superior Tribunal. No ocuparía ese lugar. No creo que Urribarri me lo ofrezca y yo no creo que aceptara?.
Además, el funcionario negó formar parte del círculo cercano del actual mandatario entrerriano: ?No soy parte de la mesa chica de Urribarri en las cuestiones políticas. Me convocan para las cuestiones específicas. No existe un grupo con el que el gobernador decida todas las cosas?, afirmó.
También fue de consulta al fiscal la polémica sociedad del Estado creada para el nuevo hospital, según argumenta el gobierno. En ese sentido, en diálogo con el programa ?En el dos mil también? que se emite por FM Nueva Litoral, dijo: ?La sociedad del Estado en materia de Salud tiene que ver con un pedido del PAMI, que financia la obra del hospital. Pasó que cuando se redactó el estatuto, se dieron competencias muy amplias. Hasta el contador general de la provincia formuló observaciones. Hoy el ministro de Salud redactó un nuevo decreto, aceptando las observaciones. Hubo un error inicial que se ha corregido?, admitió aunque no precisó qué tipo de modificaciones se hicieron.
En otro orden, y sobre la falta de avance de la reglamentación de la Carta Magna de 2008, específicamente en lo que respecta al Tribunal de Cuentas donde, sin concurso, fue nombrado al frente el ex ministro urribarrista Guillermo Smaldone, Rodríguez Signes opinó: ?Hay aspectos de la reforma constitucional que son difíciles de reglamentar. Es difícil tener una composición estable del Tribunal de Cuentas. Pero, ciertamente, la reglamentación del Tribunal de Cuentas es un asunto pendiente de la Constitución?. Y dijo que no cree ?que haya una sensación de descontrol de los funcionarios públicos. La función de la Oficina Anticorrupción no es otra que ayudar al ministerio público. Entre Ríos es una de las pocas provincias donde hay condenados por hechos de corrupción?. Y añadió: ?Los funcionarios le tienen miedo a los órganos de contralor de la provincia?, lanzó sin explicar por qué el gobierno no concursó el cargo que había quedado acéfalo tras la renuncia de su titular luego de que estallara el defalco en ATER.
Cuando se le recordó el trabajo que hacía la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) durante el gobierno de Sergio Montiel, Rodríguez Signes cargó contra quien fuera titular de ese organismo, Oscar Rovira. ?Fue un hombre que avasalló todos los códigos procesales. No fue un hombre serio?, fustigó.
Además, recordó cómo fue su salida de la UCR: ?A mí me echaron del radicalismo en 2002. Hice un juicio y obtuve la nulidad de aquella resolución. Pero nunca más pise la casa radical", aseguró el fiscal que participó activamente en el impulso del juicio político al entonces gobernador Sergio Montiel.
Por último, volvió a defender la ley de acueductos, que está judicializada: ?No hay secreto alguno en el caso de los acueductos. Los acueductos se deben hacer y se deben hacer bien, sin que quede ninguna duda para nadie. Se deben hacer, pero se ha complicado mucho porque hay un juicio de por medio. Ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia? precisó. Antes el fiscal tuvo que dar marcha atrás con una sociedad del Estado que también fue duramente cuestionada y que estuvo destinada a desarrollar el cultivo de arroz en el delta de Entre Ríos.
EL EMPRESARIO RODRÍGUEZ SIGNES
Además de cumplir sus funciones como fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez es un empresario con inversiones diversificadas. A sus negocios ligados al turismo (Apart Hotel Entre Ríos), la explotación agropecuaria y la venta de materiales para la construcción (Corralón RS), sumó en 2015 un nuevo rubro: el transporte de carga, reveló un informe del periodista Oscar Londero.
Según un edicto publicado el 19 de diciembre en el Boletín Oficial de la provincia, Rodríguez Signes es accionista mayoritario de Transportes del Mercosur Sociedad Anónima. Una firma inscripta en Paraná el 28 de noviembre pasado en el Registro de Comercio.
La empresa, en su presentación ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, admitió estar integrada por dos accionistas: el fiscal de Estado y su socio, el comerciante José Carlos Martino, quien suscribió 69.000 acciones tras aportar 17.250 pesos en efectivo al momento de constituirse la sociedad.
