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El Ministerio de Desarrollo Productivo decidió pesificar un segmento de la generación de electricidad, que tiene una injerencia de casi el 50% en las tarifas de luz (el resto es impuestos, transporte y distribución de electricidad). Lo hace, según justificó, con el objetivo de ahorrar lo que se eroga para subsidiar la energía.

Los privados verán recortados sus ingresos en unos US$300 millones y las hidroeléctricas binacionales en manos del Estado (Yacyretá y Salto Grande) sufrirán recortes de US$20 millones. Para Salto Grande podría significar una pérdida del orden de los 300 millones de pesos, publicó diario "Redes de Noticias". En 2003, había ocurrido algo similar cuando la Resolución 406 aplastó el precio que se les paga a las hidroeléctricas.
Menos dinero para las generadoras
A través de una resolución, que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, se pesificará y se reducirá la remuneración que perciben las generadoras de energía que venden en el mercado spot. También se pesificarán los pagos por generación de energía de las centrales hidroeléctricas binacionales, Yacyretá y Salto Grande.

De esta manera, según fuentes oficiales, el costo de esta generación de energía caerá de US$69 a entre US$60 y US$62 en promedio por megavatio-hora (MWh) y redundará "en una baja importante en los costos de generación de energía". El ahorro fiscal para el Estado será de US$300 millones anuales, según indicaron en la cartera que conduce Matías Kulfas, que tiene a la Secretaría de Energía bajo su control.
No impactará en la tarifa de luz
Esta resolución (que será retroactiva al 1° de este mes) no impactará en una baja en las tarifas de luz, ya que el precio estacional es de alrededor US$40 en promedio ponderado y está lejos cubrir los US$60 del costo de la generación de electricidad. "Impacta en el mediano plazo en la tarifa, porque hace más sostenible el nivel de subsidios", señalaron en el Gobierno.

La resolución 1 fijaba en 2019 un desembolso de US$1344 millones. Con el cambio establecido, el presupuesto para este año se redujo 24% a US$1026 millones, lo que supone un ahorro fiscal de US$318 millones. En cuanto a la pesificación del pago, la remuneración tendrá un índice de ajuste compuesto por un 60% de incidencia de la inflación minorista (IPC) y el resto por la inflación mayorista (IPIM).

La medida impacta a la "generación vieja" o spot comprendida en la resolución 1 (que representa 20% del total del mercado), que recibe una remuneración definida por la autoridad de aplicación y, por lo tanto, se puede modificar sin romper contratos, aunque vuelve a desincentivar las inversiones en el sector, ya que se trata de un nuevo cambio en las reglas de juego.

Si bien se trata de la electricidad que es menos eficiente, porque utiliza equipamiento viejo, es muy necesaria, ya que entra en funcionamiento en los picos de demanda, cuando el resto de la energía ya fue despachada en el sistema.

"Entre 2015 y 2018 esa remuneración aumentó un 60%, a partir de una decisión del gobierno de Mauricio Macri", indicaron en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Sin embargo, el año pasado, el exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, también redujo la remuneración de los generadores de la resolución 1 de US$7000 por MW generado por mes a US$5500 en el semestre más frío del año (donde hay menos demanda) por tener garantizada una potencia determinada en caso de ser necesaria la energía.

En el sector eléctrico, Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía, compra la energía a las generadoras y la vende a las distribuidoras -Edenor, Edesur, Edelap, Eden, entre otras- con un valor mucho menor al costo. Para cubrir la diferencia, la compañía recibe subsidios del Tesoro.

Las transferencias del Estado no solo se incrementaron por el congelamiento de tarifas de electricidad (que este mes cumple un año desde su última actualización), sino también por el aumento de incobrabilidad de las distribuidoras.

Las empresas de distribución son reguladas por las provincias, con excepción de Edenor y Edesur, que todavía son controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Las provincias adhirieron al congelamiento tarifario de la Nación y tampoco permitieron un incremento de este segmento, que tiene una incidencia aproximada de 17% en el precio total de la boleta.

Como sucedió en el pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner congeló las tarifas, las distribuidoras dejaron de pagar el costo de la electricidad a Cammesa, ya que los ingresos que percibían solo alcanzaban para cubrir los costos de mantenimiento. La mayoría de estas empresas son provinciales, aunque hay algunas con concesiones privadas.

Esto provocó deudas millonarias de las arcas provinciales con el Estado por el pago de la luz, que en los últimos cuatro años se regularizó, salvo algunas excepciones, como Misiones, la provincia del actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, que hasta diciembre pasado debía $6265 millones.

En el pasado año se había logrado que todas las provincias paguen el 100% de la facturación de Cammesa (que ya tiene aplicado el subsidio), pero en los últimos meses, volvió a subir la incobrabilidad.

Según fuentes del mercado, las empresas ya le deben a Cammesa $66.000 millones. A medida que se incremente esta deuda, y si el Gobierno no cubre la diferencia, la compañía podría retrasar aún más el pago a las generadoras.

El sistema de generación eléctrica tuvo un costo total el año pasado de aproximadamente US$8600 millones, según un informe publicado por la gestión anterior. De ese total, US$4028 millones correspondió a pagos fijos por potencia, US$3002 millones a combustibles y US$1561 a costos variables.
Fuente: La Nación

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