Ese día se sabrá si habrá interesados en vender los equipos de videovigilancia que el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos proyecta distribuir entre varios municipios. La apertura de sobres debió realizarse el jueves pasado, pero algunas empresas que compraron pliegos dijeron que el presupuesto oficial no se ajustaba a la realidad.
Primero lo expresaron a través de comunicaciones informales y finalmente lo plasmaron por escrito y ante la Unidad Central de Contrataciones (UCC), que convocó a la licitación. Conocidos los planteos, la resolución quedó a cargo de la Comisión de Compra, que finalmente emitió una nota aclaratoria que se incorporó al expediente administrativo.
El texto, con la firma del titular de la UCC, Pedro González Solano, dice textualmente: “El monto aproximado a invertir especificado en los pliegos no constituye un máximo, y por ello al momento de analizar los precios cotizados en las respectivas ofertas se evaluará la correspondencia de los mismos con los precios de mercado, pudiendo el Ministerio de Gobierno y Justicia contar con mayores fondos para atender el gasto que demande la adquisición del equipamiento licitado en caso de ser necesario”. A través del escrito, que además se hizo público a través de la página web de la UCC, se precisó también que “la cotización, invariablemente y conforme lo expresado en los pliegos, deberá efectuarse en pesos moneda nacional”. Así se ratificó lo establecido, conforme los usos y costumbres, en el pliego de condiciones particulares de la Licitación Pública Nº 28/18.
En principio la administración provincial había dispuesto “un monto aproximado a invertir” de 4.500.000 pesos. Dado que los interesados deben comprometerse al mantenimiento de la oferta por 30 días, conforme el numeral 1.6 del pliego, la participación en la licitación pública se convertía en un eventual negocio a pérdida.
Es que entre la formulación de la propuesta, la apertura de sobres, la adjudicación y el pago por parte del Estado, suelen transcurrir varias semanas. Tantas que en ocasiones se transforman en meses. Y dadas las condiciones de la economía nacional, cualquier presupuesto queda desactualizado.
Alentado por el interés que despertó la convocatoria, ya que seis firmas compraron pliegos, el gobierno accedió al reclamo de los eventuales postulantes. Y la cartera política se mostró proclive a realizar una ampliación presupuestaria, siempre y cuando las ofertas resulten razonables y acordes con los valores de mercado.
La pretensión oficial es adquirir equipos que fueron requeridos mediante 12 renglones o ítems, con la idea de promover la participación de la mayor cantidad posible de oferentes. Entre los bienes que se buscan incorporar figuran videocámaras, antenas, servidores y monitores.
De acuerdo a lo establecido en el pliego, la provisión “no incluye las tareas de instalación o mantenimiento dado que la determinación precisa de la ubicación del equipamiento de videovigilancia y su equipamiento complementario será parte del acuerdo que el Ministerio de Gobierno y Justicia suscriba con cada municipio, siendo a cargo de éstos los costos derivados de su instalación y mantenimiento”.
