Pasadas las 8,30 de este viernes, pocos minutos después de culminada la audiencia por el juicio abreviado firmado por el exintendente de Los Charrúas, Rubén Darío Chaparro, en el que el exfuncionario reconoció su culpabilidad en una causa por peculado en la obra pública, el fiscal de la causa, José Arias, dialogó con el programa Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales y Radio 12.
Sin titubeos ni medias tintas, Arias cuestionó con severidad el Jury a la Doctora Cecilia Goyeneche, al que inscribió dentro de una maniobra mucho más amplia y compleja, en la que confluyen y se refuerzan acciones impulsadas desde el mismísimo Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para favorecer la “impunidad”, palabra que repitió en varias ocasiones.
En principio, Arias calificó el juicio a Goyeneche como “un proceso absolutamente ilegal e ilegítimo”, y, para fundamentar tal afirmación, desmenuzó las que, a su entender, serían severas y hasta “burdas” irregularidades: el apartamiento del Ministerio Fiscal del rol acusatorio que la ley le asigna; el nombramiento de un “fiscal ad-hoc” mediante un procedimiento “delictivo”; la integración del jurado de enjuiciamiento con jueces que ya intervinieron en la Causa Contratos que motivó el Jury, aquel 24 de diciembre en que liberaron al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y que, por ende, deberían haberse apartado; y la inclusión de un magistrado cuyo hijo fue investigado por Goyeneche, lo que pone en crisis el equilibrio y la imparcialidad de su actuación.
A renglón seguido, José Arias fue por más y no dudó en atribuir al Superior Tribunal de Justicia un “armado” destinado a lograr “visos de impunidad”, del que el Jury a Goyeneche es apenas un capítulo. En ese “armado”, Arias incluyó al fallo Cozzi, que pretende acotar los plazos para investigar; la repentina urgencia por crear una Fiscalía Anticorrupción bajo un formato determinado; y la propuesta de reforma del código procesal penal, todas iniciativas que, según la mirada del fiscal Arias, parecen propender a la “impunidad”.
El diálogo completo
- ¿El jury a Goyeneche podría frenar avances en la lucha contra la corrupción como este abreviado en la Causa Los Charrúas?- Para hablar de lo que está ocurriendo con la doctora Goyeneche hace falta bastante tiempo, en especial por la importancia del tema. Los hechos de corrupción afectan el desarrollo -y está dicho en los tratados-, afectan a los derechos humanos, a la economía, al país en sí mismo. O sea, son hechos que tienen repercusiones claras y concretas en la gente. Por eso es tan importante que se repriman e investiguen esa clase de delitos.
Para hablar de Goyeneche hay que poner en contexto los resultados de su trabajo, que no sólo se vinculan a la condena última contra el exgobernador Sergio Urribarri, sino que hay un cúmulo de actuaciones con condenas a intendentes, investigaciones no solamente iniciadas por denuncias sino también de oficio por la propia fiscalía, demostrando una vocación en la persecución de la corrupción. (…) La actuación de Goyeneche no tiene que ver con un color o una persona. Ha demostrado vocación de investigar y perseguir la corrupción. Se atacó no solamente al número 1, sino también al 2, al 10 de los ámbitos provincial, municipal, y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Acá no hay elección ni privilegio para nadie. Y si no se pudo hacer más, es porque no se pudo y no porque hubiera decisión de no hacerlo.
Goyeneche, ni bien asumió, se impuso de todos los casos. Siempre fue líder positiva, que apoya, fomenta, da fuerza, recomienda pruebas, está atrás de cada caso. Yo creo que lo que está sufriendo Cecilia Goyeneche es una persecución política, consecuencia del miedo que tienen funcionarios públicos a que recaigan sobre ellos los resultados que se están viendo en otras actuaciones.
Acá hubo un montón de causas que ya alcanzaron resultados y un montón que están en trámite. Y en esas causas que están en trámite, los funcionarios que están implicados ven venir que el final del camino va a ser condena. Entonces, toman represalias contra Goyeneche en un proceso absolutamente ilegal e ilegítimo, que tiene múltiples cuestionamientos.
- ¿Por ejemplo?
Primero por su objeto, es decir, qué es lo que le atribuyen, eso de no apartarse a tiempo, que no es ni más ni menos que un refritado de una causal de recusación que ya había sido discutida en el marco del proceso de la Causa Contratos, y que fue rechazada por los jueces, y ahora la refritan, hacen todo un armado y le dan forma de causa de destitución. Es realmente delirante el planteo, y es tan delirante que necesitan modificar las reglas de juego para que ese objeto tenga valor.
Y acá viene la ilegalidad manifiesta del proceso, porque esta gente le ha modificado a Goyeneche no solamente la constitución del tribunal que la va a juzgar. ¿Por qué digo esto? Porque las reglas de todo juicio se fijan de antemano. Cuando vamos a jugar un partido de fútbol ya sabemos cómo son las reglas. A la mitad del partido no se puede decir 'ahora vale con la mano'. Y acá le están haciendo eso a Goyeneche, le están cambiando las reglas de juego.
- ¿Lo dice porque apartaron al Ministerio Público Fiscal del rol acusatorio previsto por ley?
- Esa es una cuestión, que es burda y elemental, y a tal punto que constituye un delito. Ese es un delito, el nombramiento ilegal de un cargo para alguien que no puede cumplir esa función, e implica para el fiscal ad-hoc que asumió un delito que es la aceptación ilegal de cargo. A esto no lo dicen sólo en Fiscalía. También lo dijeron 16 de 17 conjueces llamados a cumplir el cargo, ¿se entiende? No aceptaron porque dijeron 'si acepto voy a transitar las tipicidades que no quiero transitar, acá hay delito'. Entonces, no aceptaron el cargo. Y esta gente encontró en el decimoséptimo o décimo octavo conjuez una persona con paso en la política, candidato a intendente de Gualeguay, predispuesto a llevar adelante la tarea.
Pero también es grave la constitución del tribunal. Los tres jueces del Superior Tribunal que decidieron la apertura del Jury, Carbonell, Carubia y Mizawak, más allá de sus íntimas relaciones con el peronismo, más allá de eso, debieron apartarse. Carubia y Mizawak no podían actuar porque ya habían actuado en la Causa Contratos, cuando lo liberaron a Juan Pablo Aguilera aquel 24 de diciembre. Y la ley de Jury dice que no pueden intervenir los que actuaron previamente en la misma causa que da motivo al pedido de Jury. Ahí ya arranca mal la cosa.
Y ahora, cuando se conforma un nuevo tribunal para juzgarla, se lo vuelve a poner a Carubia, que no se excusa a pesar de ser recusado por Goyeneche, y se lo pone a Smaldone, que es padre de uno de los investigados por la Fiscal Goyeneche.
- ¿Smaldone debería excusarse?
- Claro que debería excusarse, porque es la fiscal que está investigando y sosteniendo una acusación contra su hijo. Pero, además, no sólo es el Jury. También hay otras acciones tendientes a lograr visos de impunidad, en un armado que, entiendo yo, proviene del Superior Tribunal. Hace poco salió el fallo Cozzi, donde el STJ, palabras más, palabras menos, dice que la Fiscalía tiene un tiempo máximo para llevar a cabo su investigación y que, vencido ese plazo, hay que dictar el sobreseimiento de los imputados.
Ese fallo es una interpretación del Código Procesal que no se había visto en los 12 años anteriores de vigencia del Código, que justo se produce cuando han empezado a sucederse las condenas por corrupción.
¿Por qué advierto que esto está pensado para favorecer a la corrupción? Pienso eso porque los tres jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal saben perfectamente que analizar un teléfono nos lleva a nosotros tres o cuatro meses. Realizar pedidos de informes a las oficinas públicas que son en definitiva las investigadas lleva meses y meses, nos dan información en cuentagotas. Tenemos que reiterar los pedidos y nos tienen a las vueltas, con lo cual es imposible poder cumplir con los plazos que ellos están ahora fijando.
Para poner aún más de manifiesto la actitud de estos jueces, ellos dicen que hay que acelerar, que hay en derecho un plazo razonable, y, por ejemplo, en la causa de Julio Larrocca, cuando su condena en primera instancia fue en recurso ante el Superior Tribunal, ¡estuvieron más de dos años para resolver una incidencia!
- ¿O sea que el Superior se toma dos años para una incidencia y pretende que las investigaciones no se extiendan más de 18 meses?
- Claro, no hay coherencia o la coherencia es directamente buscar impunidad. Porque yo no puedo hacer otra lectura, porque ellos saben los tiempos que demoran las cosas.
- ¿No es que el Superior en el caso Cozzi le reprocha a los fiscales no pedir prórroga a los jueces de garantía si lo consideraban necesario para avanzar en las investigaciones?
- Lo que pasa es que estuvieron 12 años interpretando que ese plazo era ordenatorio, pero no para poner un punto final y absolver. Esa es la gravedad. Si ellos saben que les tomó dos años decidir la incidencia de Larrocca, ¿cómo a Fiscalía le van a pedir con todas las prórrogas 18 meses para investigar? Ellos lo saben, porque son sus tiempos.
- Se deduce de sus dichos que ese fallo del Caso Cozzi y el Jury serían dos actos de una misma obra, ¿es eso lo que quiere decir?
- Es así y no son los únicos actos. Hay que sumar el proyecto que ahora plantea como imperioso sacar la ley de fiscalía anticorrupción, claramente para poder controlarla. Y el otro acto es el proyecto de reforma del código procesal que el principal objeto que tiene es limitar la tarea de Fiscalía. Estas dos iniciativas buscan también mayor impunidad.
- Escuché decir a quienes impulsaron el Jury que el apartamiento de Goyeneche no desarticula a la Fiscalía ni a la investigación de la corrupción, porque quedan los demás fiscales, muchos de los cuales han actuado en el Megajuicio y se los vio solventes. ¿Qué tiene para decir al respecto?
- Obvio que imprescindible no hay nadie. Pero sí afirmo y sostengo que Goyeneche es absolutamente necesaria y que tiene un valor fundamental hacia el interior de la Fiscalía, porque es la que respalda, ayuda, guía, que señala la prueba que vos necesitás con precisión. Tiene un valor que es difícil explicarlo. Es una cabeza que piensa, desde una formación extraordinaria, que cumple con su rol, con su misión... Y sí, capaz que seguimos funcionando. Antes de Goyeneche también había alguna condena de corrupción. Pero con Goyeneche se alcanzó una organización, un trabajo sistematizado, sin cajoneos, porque estaba ella controlando. Su valor es fundamental. Por eso los fiscales, más allá de denunciar la ilegalidad e ilegitimidad del jury, también de alguna forma queremos pedir a la población, a la ciudadanía, que se manifieste porque nos afecta a todos.
