Además, se solicitó a UPM información adicional a efectos de establecer la magnitud del vertido que se constató en los análisis y se le notificó de que “se encuentra pasible de sanción por haber derivado aguas contaminadas a aguas superficiales en contravención con el artículo 144” del Código de Aguas.
Si bien la resolución tiene fecha a comienzos de mayo, se conoció recién en las últimas horas, a raíz de una publicación en el portal Sudestada, en la que se denunciaba la inacción de las autoridades tras los análisis realizados por dos laboratorios a las muestras tomadas en noviembre de 2021 y en enero de este año, cuyos resultados se hicieron públicos en abril.
La resolución obliga a la empresa a tomar una serie de acciones para evitar que se produzcan nuevos vertidos fuera del predio y a la cañada afluente del arroyo Santana.
Antes de conocerse, el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales había dado a conocer que denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos al Ministerio, a la Intendencia de Paysandú y al Municipio de Guichón por la –supuesta– ausencia de respuesta.
