La causa
El contrato para la obra fue realizado en 2015 con un monto de $21,6 millones. Los recursos eran provenientes del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Sin embargo, el Municipio alcanzó a pagar $8 millones, ya que la nueva administración municipal a cargo de Darío Benedetti (Cambiemos) dispuso una auditoría ni bien asumió, la cual determinó que la obra costaba en realidad unos $5 millones. Respecto al primer monto que figura en el contrato, se dijo que hubo un sobreprecio de $15.602.351,25. El caso se judicializó rápidamente.En la causa penal están imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público el exintendente Raúl Riganti, el exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el exsecretario de Hacienda, Norberto Marchesini; el exsecretario de Gobierno y actual intendente electo, Leonardo Martín Hassel; y Néstor Hereñú, directivo de la constructora OICSA, que realizó la obra de asfaltado en 2015. El 26 de noviembre está fijada la audiencia para la elevación de la causa a juicio, ante el juez de Garantías de Gualeguaychú Tobías Podesta.
A la par de ese expediente, en la Justicia también se iniciaron causas civiles. La firma constructora reclamó el pago de una suma de dinero, más los intereses, correspondiente al contrato de obra de asfaltado. El monto reclamado, sumando los intereses por mora, ascendería a los $40 millones.
El Municipio, en tanto, inició una acción de lesividad por los supuestos daños causados por la empresa a las arcas de la administración pública.
Demandas cruzadas
El 13 de diciembre de 2017, la empresa OICSA, a través de sus abogados Roberto Krochik y Julián Pedrotti, se presentó en la Cámara Contencioso Administrativo y reclamó que se le reconozca el derecho a percibir “una suma de dinero adeudada por saldo de precio de un contrato de obra pública, con más intereses por mora”.Se trata del dinero que no se le pagó cuando el intendente Darío Benedetti concluyó que hubo un sobreprecio –tras la realización de una auditoría– y decidió devolver el supuesto excedente al Gobierno nacional. El monto devuelto fue de $13 millones. Por ese gesto, el 6 de mayo de 2016 recibió las felicitaciones del presidente Mauricio Macri.
Ante esa demanda, el 28 de septiembre de 2018, el asesor legal del Municipio, Sergio Avero, interpuso acción de lesividad contra la empresa a fin que se declare la nulidad del Decreto N° 258/2015 del 11 de junio de 2015 y los demás actos administrativos que tuvieron que ver con la contratación para la obra de asfaltado. Asimismo, pidió que la empresa sea condenada a indemnizar a la administración pública municipal por daños y perjuicios.
Finalmente, el 29 de mayo de 2019, ante la demanda de la empresa que también tramitaba en la misma Cámara, el abogado del Municipio interpuso un recurso conocido como de “litispendencia por conexidad”. Ese concepto del derecho se da cuando existen otros procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto.
Alegó entonces que la pretensión de la empresa resulta ilegal, puesto que eventualmente, la decisión recaída en la causa penal iniciada por el municipio podría “tener efectos directos e inmediatos en la que se sustancia en el contencioso administrativo”.
Asimismo, pidió a la Cámara uruguayense que se cite al Estado nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, ya que la obra se realizó con fondos nacionales y mediante un contrato con la Municipalidad. Esta pretensión fue rechazada, como así también que el caso pase a la Justicia Federal.
En su escrito, adujo que la firma pretende el pago de una suma de dinero basándose en una contratación que fue declarada lesiva por el municipio de Larroque mediante el dictado del Decreto n° 165/2016. Y recordó que la Administración de Benedetti llevó el caso a esa misma Cámara con una acción de lesividad.
Unificar las demandas en un solo juicio
Ante esa nueva presentación, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay, integrada por María Fernanda Erramuspe (presidente) y los vocales Federico José Lacava y Mariano Alberto López, decidió unificar ambas demandas en un solo juicio.En la resolución, señalaron que la acumulación se fundamenta en la necesidad de evitar que si se resuelven por separado “recaigan sentencias contradictorias”. Es decir, por ejemplo, que en un juicio se resuelva a favor de la empresa y en otro al municipio.
“En definitiva, sea por pretensión o por defensa, en ambos procesos se ha puesto en tela de juicio la legalidad del contrato y el cumplimiento de las prestaciones emanadas del mismo, sujetando las posiciones a un plexo probatorio que puede calificarse de común a ambas causas. Razones enancadas en el orden público en el que se basa la institución vedan la simultánea tramitación de contiendas judiciales que se aprecian conexas. Estando entonces en presencia de una litispendencia impropia (por conexión) cuya consecuencia no es la eliminación o invalidación del proceso más nuevo, sino simplemente la acumulación de los juicios conexos, corresponde hacer lugar a la misma y ordenar la acumulación de la presente causa al expediente caratulado ‘Municipalidad de Larroque c/ Organziación Industrial Construcciones (OICSA) S/ Acción De lesividad’ a los fines de su tramitación simultánea y decisión en un mismo y único pronunciamiento”, dice la resolución.
Mientras se espera qué futuro le depara a la causa penal, en los Tribunales de La Histórica sigue tramitándose el pleito entre el municipio y la empresa. En los últimos meses ha habido audiencias en las que las partes han expuesto sus intereses, e incluso han declarado los involucrados, como el exintendente Riganti.
