El tema de la polémica de la extensa sesión parlamentaria -y que es el que viene siendo desde fines de agosto- volvió a ser la gestión que Carlos Albisu -quien renunció justamente por esto días atrás- ha llevado adelante al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM), en particular con la designación directa de 36 funcionarios desde 2020 a la fecha, la mayoría de los cuales son ediles no solo del Partido Nacional sino del sector político al que pertenece, Aire Fresco.
Los ministros, en esta oportunidad, no cargaron con el peso político de otras veces porque los cuestionamientos apuntaban exclusivamente al “clientelismo” denunciado por el interpelante Frente Amplio en Salto Grande, pero el problema para el oficialismo llegó igual y más fuerte que lo usual. Primero, porque el final de la interpelación dejó en un brete al Poder Ejecutivo, que no esperaba la moción que la Cámara de Representantes terminó aprobando y que en resumen estableció que era “necesario” que la delegación en la CTM “promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”.
Esto fue aprobado por 93 en 95 votos, pero un último punto, que fue votado porque tuvo el apoyo de las bancadas de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, pedía también la renuncia de la delegación uruguaya en la institución, ahora integrada por Martín Burutarán y Daniel Arcieri (Aire Fresco) y Nicolás Irigoyen (Partido Colorado).
Segundo, porque no hubo cómo escapar al problema de fondo. El canciller Francisco Bustillo anunció una “serie de decisiones” adoptadas por el gobierno, como por ejemplo la implementación de un “nuevo diseño” en Salto Grande que cortará algunos privilegios de los funcionarios de este organismo para que, entre otras cosas, las personas que ingresaron por designación directa desde 2020 se transformen en “cargos contratados”, de tal manera que los 10 ediles involucrados cesen su actividad al finalizar del período. Pero el daño estaba hecho, como lo sintieron muchos dirigentes nacionalistas, que incluso se identificaron con la autocrítica del diputado Álvaro Viviano. Y más aún lo sintieron dirigentes de la primera línea de Aire Fresco, que acusaron el golpe en forma especial por ser de este sector la mayoría de los beneficiados y el propio Albisu, quien cargó con el mayor costo político.
“Sería de necios no reconocer que este no es un buen escenario y que cayó un hombre de nuestro riñón”, señalaron a El País desde este sector. La defensa de Lacalle Pou, que habló ayer desde Salto, en donde estuvo de recorrida, comenzó centrándose en la gestión propiamente dicha de la CTM, que entiende satisfactoria en parte por las “regalías” que ha volcado en el departamento. Destacó en este sentido que está “cumpliendo un rol social importantísimo”, evitando que “lo producido” termine en Montevideo, como en otras épocas. Pero ya entrado en tema, aseguró que para el gobierno esta es una “oportunidad para mejorar cosas”, resaltó la “renuncia” de Albisu ante la conciencia del error y recordó la lista de ceses que ya lleva su gestión ante situaciones de irregularidad y “aun sin delito”, cuando en gobiernos anteriores se usaba el argumento del ”bullying” para defender a jerarcas cuestionados, o “se les hacía caravanas (y) se los aplaudía en el Parlamento”. “Entonces -dijo-, yo entiendo que a veces, cuando hay una actitud distinta, que la hay, no se entienda. (...) Claramente acá no hay ilegalidad y tampoco hay corrupción”. Lo que sí hubo, concedió, es un “abuso, quizá indiscriminado, de un mecanismo de ingreso”.
Ahora bien, ¿qué es lo que hará el presidente tras la exigencia -“no vinculante”, como acotó en la rueda de prensa- de renuncias del Parlamento? Fuentes de Presidencia indicaron que Lacalle Pou todavía no definió su decisión, que la jornada de ayer la dedicó a la “gira” que hizo por el departamento norteño y que recién hoy va a “encarar el tema”. Lo hará, señalaron los informantes, con una “opinión” ya tomada, que aún no la ha compartido en su entorno. Las opciones pueden acotarse a los siguientes escenarios: se aferra a lo transmitido por Bustillo como toda reacción política; acepta pedirles la renuncia a los ediles de su partido que fueron designados en forma directa -punto de la moción aprobado por unanimidad-; o incluso podría dar un paso más y también pedirle a la tríada de la delegación que dé un paso al costado como ya lo hizo Albisu.
Por lo pronto, varios de los ediles involucrados esperaron ayer una llamada de Lacalle Pou que no llegó. Y lo mismo los integrantes de la delegación. Algunos dirigentes blancos ya han sido claros. El ministro de Defensa señaló en entrevista con Arriba Gente (Canal 10) que lo decidido por los diputados es “un pronunciamiento que hay que respetar siempre”, y el senador Jorge Gandini dijo en su cuenta de X que “los ediles electos por el Partido Nacional deberían renunciar a sus cargos”, incluso “antes que se los pidan”, aunque ninguno de ellos ha actuado de esa forma, al menos hasta el momento. El primer mandatario dio algunas pistas de lo que está dispuesto a hacer en el diálogo que mantuvo con los medios. “No estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho”, dijo consultado por el pedido de renuncia para la delegación, ya que “el principal gestor de Salto Grande renunció”. Pero insistió con que “si se cometieron errores, hay que rectificarlos”.
