De resultar una sentencia condenatoria, el mencionado profesional podría llegar a afrontar una condena de 11 años de prisión y la imposibilidad de volver a ejercer un cargo en el Estado.
La denominada causa "Armas judicializadas" se comenzó a investigar a principios de 2016, a través de un procedimiento de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos y estalló, tras algunos meses de silencioso seguimiento, en el mes de mayo de ese mismo año.
Fue imputado en esta misma causa el empleado judicial Maximiliano Bertoni, quien se desempeñaba en el Departamento Médico Forense como chofer, quien tras haber sido vigilado con escuchas telefónicas, permitió enlazar una red de distribución de armas a diferentes personas con distintos niveles de participación. Pero hacia arriba de Bertoni, solo había una persona, según la investigación judicial y esa persona era la que en las escuchas era apodada "El Viejo". Al ser indagado, Bertoni admitió que "El Viejo" era el licenciado Vitali y allí fue cuando el profesional de Balística, ex funcionario policial, fue notificado de su situación, se le allanó su domicilio en Paraná y se le asignó prisión domiciliaria durante el proceso, debido a que había sido intervenido quirúrgicamente pocos días antes.
Vitali, al ejercer su defensa negó todos los cargos en su contra y acusó que estaba siendo objeto de una "interna". En un primer momento, cuando estaba representado por el abogado Marcos Rodríguez Allende, el letrado afirmó que "no hay prueba objetiva, lo único que compromete a Vitali es la declaración de Bertoni". Pero la causa continuó su curso y Vitali dejó pasar el ofrecimiento de un juicio abreviado en el cual se hubieran podido acordar seis años de prisión como pena a cumplir.
Para destacar, en el mes de diciembre de 2016, Mauro Maximiliano Bertoni y sus contactos en la calle, Mario López Alonso y Eduardo Borgogno, imputados en la misma causa, acordaron tres años de prisión condicional luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía en un juicio abreviado donde reconocieron que vendían las armas en el ambiente delictivo.
En ese entonces, Vitali rompió relaciones con su abogado defensor -Rodríguez Allende- y contrató los servicios de los abogados Iván Vernengo y Damian Petenatti, del mismo buffet jurídico del doctor Rubén Pagliotto, quien en su momento cuestionó públicamente a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Claudia Mizawak, entre otras cosas, por la falta de control en el tema armas judicializadas.
Lo cierto es que ayer se conoció el pedido de audiencia para solicitar la remisión a juicio a Antonio Daniel Vitali por los delitos de "Peculado en Concurso Ideal con Sustracción de Objetos destinados a servir de Prueba y Custodiados, Reiterados, en calidad de Autor, en Concurso Real con Provisión Ilegal de Armas de Fuego Agravada –por habitualidad- en Grado de Autoría y Coautoría". En base a toda esta acusación se solicita en la formalidad del pedido la pena de once años de prisión, más inhabilitación absoluta perpetua.
Otra causa
Cabe recordar que el ex comisario y ex Perito de Balística del STJ, Antonio Vitali fue procesado el 23 de agosto último por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011.
A Vitali se lo procesó por el supuesto delito de peculado y falsificación de documento privado en concurso real, en una causa que surgió tras una denuncia que formuló en abril 2012 el juez Mariano Martínez, en ese entonces en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Concepción del Uruguay, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad.
Esas armas habían sido entregadas a Vitali por el Juzgado de Instrucción Nº2 de Concepción del Uruguay, con el fin de que se les practique el peritaje de rigor; pero nunca más se supo de ellas. En marzo de 2011. el juez Martínez le solicitó al perito que devuelva las armas, y Vitali presentó un acta de entrega a un funcionario policial que nadie pudo localizar.
A Vitali se le imputó sustracción de las armas y falsificación de documento, pero sólo fue procesado por la segunda causa y en el tema de la sustracción se le dictó falta de mérito, ya que no se pudo probar la sustracción.
