El proceso que se lleva adelante es a partir del protocolo firmado el 8 de agosto de 2018 por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillon, con la Anmac, y tiene como antecedente un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmado en 2015 por parte de la entonces presidente, Claudia Mizawak. El acuerdo, ahora rubricado por Castrillon, estableció los procedimientos, pasos y plazos que confluyeron en el perfeccionamiento de la entrega de los elementos calificados como “materiales controlados” y sujetos a destrucción. De esta manera, el superior tribunal aprobó el procedimiento de entrega, retiro y traslado de armas para ser destruidas por la Anmac.
Desde 2018, el organismo nacional retiró del Poder Judicial de la provincia un total de 8.249 armas. Al momento, en los tribunales de Paraná (Área de Efectos Secuestrados) quedan 300 armas que corresponden a causas en trámite.